Treinta años después, así ve el presidente de la Corte Constitucional a la Constitución colombiana del 91

Este domingo se cumplen 30 años desde su vigencia y aún existen retos en su aplicación.

Antonio José Lizarazo Ocampo, nuevo presidente de la Corte Constitucional. Foto: Colprensa
Antonio José Lizarazo Ocampo, nuevo presidente de la Corte Constitucional. Foto: Colprensa

Este 4 de julio, Colombia celebra 30 años de haber promulgado la Constitución política de 1991, una carta magna que significó cambios profundos para el país en materia económica, política, social y cultural y que siguen vigentes hasta el día de hoy. De acuerdo con el diario la BBC, la carta política colombiana es considerada por diversos especialistas como una de las más completas, avanzadas y pioneras de América Latina. Esto gracias a un robusto sistema de acceso a la justicia, hecho para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a servicios básicos, la participación política y las libertades de culto, pensamiento y expresión. Pese ha esto, ha sido complejo pasada tres décadas hacer de esta una realidad en el plan material.

El magistrado Antonio Lizarazo, actual presidente de la Corte Constitucional, habló con El Espectador sobre la carta de derechos y señaló que el mayor inconveniente ha sido hacer realidad la promesa de la paz.

“Creo que la falencia que aún persiste es la de la paz. Esa promesa constitucional no ha sido posible, pese a todos los esfuerzos y al cierre del ciclo constituyente con el Acuerdo de Paz”, puntualizó el magistrado.

Además, el experto en leyes comentó que uno de los desafíos sigue siendo atender la tutela, que aunque fue una gran ganancia para los colombianos, pues permitió que mediante un mecanismo legal cualquier ciudadano pueda exigir al Estado que garantice su acceso a un derecho constitucional, no ha sido posible cumplir a cabalidad con su implementación.

“Aunque la acción de tutela es el mecanismo judicial por medio del cual las personas pueden reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, nos preocupa que el 66 % de las decisiones de tutela no se están cumpliendo, porque ello configura una doble afectación de los derechos y, en últimas, un grave incumplimiento de la Constitución. Por esta razón, la Corte en sus decisiones ha venido vinculando no solo a los organismos de control sino, especialmente, a las autoridades encargadas de la satisfacción de los derechos objeto de protección”, señaló Lizarazo.

Pese las dos observaciones que hizo el magistrado, también resalta que como se ha dicho en múltiples ocasiones la carta magna fue un gran avance para Colombia y una transformación. Pues fue la primera constitución del país que adoptó, como forma de organización política, el Estado social de derecho y un nuevo modelo de democracia, participativa y pluralista.

“La Constitución de 1991, como ninguna otra en 200 años de vida republicana, ha impactado la vida cotidiana de los colombianos al ampliar y hacer realidad la carta de derechos, acercar el Estado a las personas, mejorar el acceso a la justicia y empoderar a los ciudadanos. Ese impacto ha sido posible por dos razones principales: de un lado, porque la Constitución no es solo la norma fundamental que distribuye y organiza los poderes públicos, sino que presenta un contenido sustancial que condiciona la validez de las otras normas y ha sido capaz de modelar las relaciones sociales. De otro lado, porque las autoridades, en general, se han tomado en serio los derechos y se han comprometido con la justicia material”, anotó el presidente de la Corte Constitucional.


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