La FLIP denuncia que 299 periodistas fueron agredidos mientras cubrían el paro nacional

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia denunció este jueves que 299 periodistas, que han cubierto las protestas sociales que ya cumplieron dos meses en el país, han sido “atacados, heridos, amenazados y detenidos de manera ilegal”.

La FLIP ha documentado durante las protestas sociales del paro nacional, que iniciaron el pasado 28 de abril en contra del gobierno de Iván Duque, 260 casos de agresiones contra la prensa que se concentraron especialmente en Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18), especialmente en los puestos de resistencia,

“Es una cifra sin precedentes de una violencia que se ha sostenido a lo largo de estos dos meses y se ha generalizado en diferentes ciudades del país. Esta violencia sistemática no ha tenido ningún freno por parte de las autoridades nacionales y locales”, aseguró el director de la Fundación, Jonathan Bock.

Dentro de los casos denunciados por los comunicadores de diferentes medios nacionales e internacionales se identificó que, en 155 de las agresiones, es decir en el 58 % de los casos, el agresor era un miembro de la fuerza pública, lo que evidenciaría el incumplimiento de su deber de protección y de garantes con las labores de los reporteros “convirtiéndose en una fuerza censora”.

En ese sentido, la FLIP señaló que algunos de los últimos casos registrados fueron los que se presentaron entre el 27 y 28 de junio, cuando 14 reporteros denunciaron ataques en su contra, once de estos fueron agresiones físicas como golpes en el arma de dotación en la cabeza, puños en el rostro y empujones por parte de integrantes de la fuerza pública, y tres amenazas.

“El récord de estos registros no ha encontrado freno institucional. El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de ‘cero tolerancia’ promueven el miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa”, señaló la FLIP en un comunicado.

En ese sentido, afirmó que las investigaciones penales de dos de los casos de agresiones por parte de la fuerza pública, que eran de conocimiento público y estaban plenamente documentados, fueron archivados por una supuesta falta de pruebas para identificar a los agresores, y debido a que no se cumplió con un mínimo de diligencias para contactar a las víctimas.

Por tal razón, pidió a los alcaldes de Cali, Bogotá, Medellín y Popayán que, “revisen el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa”, con la intención de que se garantice el ejercicio de periodismo independiente y la seguridad de los reporteros.

“En aras de respaldar esta labor es indispensable desentrañar las causas y patrones de los riesgos diferenciados a los que está expuesta la prensa en estos escenarios. Para ello, hacemos un llamado a la CIDH para que inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada”, concluyó la fundación.

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