La mujer detrás de una de las bandas de estafadores más grandes de Colombia

La mujer lideraba la banda de 51 estafadores que ofrecían productos bancarios a través de llamadas telefónicas con las que habrían robado más de 5.000 millones de pesos.

Cayeron 51 integrantes de la banca los “Call Center” dedicados a la estafa con productos bancarios ficticios. Foto: Policía Nacional de Colombia.
Cayeron 51 integrantes de la banca los “Call Center” dedicados a la estafa con productos bancarios ficticios. Foto: Policía Nacional de Colombia.

Lina Coca era identificada como una notable empresaria de Manizales, una mujer que disfrutaba de los mejores restaurantes de la ciudad, que andaba en carros de alta gama y que lucía prendas y joyas de diseñador hasta el día de su captura.

Coca, de 33 años, fue capturada el jueves pasado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), luego de ser señalada de ser la jefe de una de las bandas de estafadores más numerosas en el país, responsables de hurto de más de 5.000 millones de pesos y con incidencia internacional.

Desde hace tres años, las autoridades policiales realizaron el seguimiento de esta banda conformada por 51 integrantes que trabajaban desde centros de llamadas o ‘call centers’ en las ciudades de Manizales, Cali, Bogotá, Pereira, Armenia y Dosquebradas, engañando a ciudadanos y realizando transacciones fraudulentas.

Las más de 6.930 denuncias de ciudadanos por compras no consentidas y fraude bancario y la documentación de más de 2.240 procesos por parte de la Fiscalía de Colombia, llevaron a la captura de Lina Coca, propietaria de cinco de los ‘call centers’ donde se realizaban estas actividades delictivas y de los otros cincuenta miembros que pertenecían a la red de estafadores.

Según conoció el diario El Tiempo, la mujer, quien demostró habilidad para convencer a los clientes desde muy joven cuando ingresó a trabajar a un centro de llamadas en las que ofrecía tarjetas de crédito y portafolios a clientes para entidades bancarias, se independizó hace cerca de diez años para establecer su propio negocio.

Junto a Francisco Gallo, compañero de trabajo, montaron su propio centro de llamadas, a través de los trámites legales pertinentes con el fin de establecer una empresa ante la Cámara de Comercio desde donde ofrecían productos bancarios para dos entidades con tres teléfonos y dos computadores en una pequeña oficina.

En pocos meses abrieron otra sucursal con trabajadores remunerados y en cinco años, Coca y Gallo, contaban con sucursales en cinco ciudades capitales y en el municipio de Dosquebradas en Risaralda con representación de cinco empresas.

El Tiempo también tuvo acceso a declaraciones de los investigadores quienes aseguraron que a la par del crecimiento de la empresa y de sus servicios, iniciaron las denuncias de estafa contra ambos socios que ya se encontraban bajo la mira de las autoridades, las cuales, intentaban establecer el crecimiento empresarial desmedido y su forma de operar.

Las investigaciones arrojaron que la pareja compraba bases de datos, conformada por cerca de 5.000 clientes, por montos entre los 20 y 30 millones de pesos a funcionarios que se encontraban dentro de entidades bancarias, con los que se realizaba la estafa de los ciudadanos mediante la oferta de beneficios y paquetes por su “excelente comportamiento”.

Asimismo, la red contaba con miembros que se encargaban de capacitar a los delegados de realizar las llamadas, las cuales eran editadas y en las que trucaban el mensaje para que pareciera que los clientes aceptaban la oferta para comprar alguno de los servicios ofrecidos, el cual era recargado a la tarjeta de crédito del usuario a través de compañías ficticias de la red, le indicó el investigador a El Tiempo.

Luego de esto, los usuarios terminaban pagando servicios por montos entre medio millón de pesos y un millón y medio los cuales era falsos y terminaban siendo reportados a los bancos que demostraban con la grabación editada que sí habían sido adquiridos estos servicios.

Con las evidencias recaudadas por las autoridades fue posible capturar a los responsables de este crimen a quienes se les imputaron los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir con fines de violación de datos personales y estafa en modalidad de masa por los que tendrán que pagar entre 4 y 16 años de prisión.

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