Niegan libertad al gobernador suspendido de Antioquia, Anibal Gaviria

La Corte Suprema de Justicia no encontró motivos de peso para levantar la medida de casa por cárcel, que rige desde inicios de marzo pasado.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. EFE/Francisco Guasco/Archivo
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. EFE/Francisco Guasco/Archivo

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en la tarde de este jueves 10 de junio, que le negó la petición de libertad al gobernador suspendido de Antioquia, Anibal Gaviria, quien se encuentra detenido desde el pasado 3 de marzo a causa de un proceso por presuntas irregularidades en el contrato de las obras de mantenimiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, entre La Cruzada- Caucasia.

De hecho, el alto tribunal ratificó la medida de aseguramiento en contra del mandatario antioqueño “al no existir prueba sobreviniente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado”.

La decisión de mantenerlo retenido en la modalidad de casa por cárcel la tomaron los magistrados Jorge Emilio Caldas Vera, Blanca Nélida Barreto Ardila, Ariel Augusto Torres Rojas y Rodrigo Ortega Sánchez, quienes en su sentencia aseguraron que la medida “no sólo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa”.

Otros argumentos citados por la corporación son el hecho de que, como gobernador del departamento, Gaviria estuvo encargado de los gastos que hacía el departamento durante el periodo entre 2004 y 2007 y que, como tal, le permitió a la Secretaría de Infraestructura Física antioqueña suscribiera el contrato para la mencionada obra, inicialmente por $41.663 millones, para posteriormente hacerle dos adiciones de $3.000 millones y $16.000 millones.

En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación ya había advertido con anterioridad que “La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”. Como agravante, el ente investigador señala que no existen soportes técnicos para algunas de las labores que se adelantaron sobre esa vía.

Por su parte, Gaviria se ha defendido señalando que la Fiscalía hace sus acusaciones sin tener en cuenta “el complejo sistema escalonado de control en la contratación existente en la Gobernación”, que se caracteriza por un elevado número de contratos: por lo menos unos ocho mil. Dicho flujo sería la razón por la que el mandatario suspendido no podría estar al tanto de lo que sucede en todos y cada uno de los proceso que se desarrollan bajo su administración.

Ello, le costó a la defensa del gobernador un llamado de atención por parte de la Corte Suprema, pues su deber no es el de cuestionar los motivos por los que la Fiscalía le investiga, y mucho menos impugnarles, como parece ser su intención, sino proporcionar elementos probatorios que demostraran la inocencia de Gaviria.

En palabras de la Sala de Primera Instancia: “El defensor no enarbola prueba sobreviviente que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos”

Con todo, el alto tribunal advirtió que a Gaviria todavía le quedan recursos para recuperar su libertad, como la reposición y la apelación de la recién tomada decisión. Adicionalmente, el diario local El Colombiano informó que para avanzar en el proceso de juicio al gobernante le queda apenas una semana para para nulidades y pruebas.

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