Denuncian cobros de hasta 1 millón de pesos para permitir el paso a vehículos de carga en el país

En los bloqueos, en medio de las protestas con motivo del paro nacional, transportadores aseguran que hay retenes ilegales en los que les cobran para poder movilizar sus vehículos

Imagen de referencia. Bloqueos en las vías de Cundinamarca durante las manifestaciones del Paro Nacional el miércoles 05 de mayo. Foto: Gobernación de Cundinamarca.
Imagen de referencia. Bloqueos en las vías de Cundinamarca durante las manifestaciones del Paro Nacional el miércoles 05 de mayo. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

En un artículo de la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, transportadores denunciaron que les han cobrado hasta 1 millón de pesos para que les permitan movilizar sus vehículos en los retenes ilegales que se han instalado en varias ciudades del país durante los bloqueos al transporte en medio de las protestas con motivo del paro nacional.

“El fin de semana, por la vía al Llano, en el kilómetro 36, había gente atravesada que dijeron ser manifestantes. Eran las 2:30 a.m. Estaban con hombres en moto que fueron de camión en camión pidiendo un aporte a la causa de 500.000 pesos. No estaban armados, y como no les di dinero, me tocó entregarles parte de la mercancía. Nos sentimos secuestrados. A un compañero, con un camión más grande y una carga de papa, le tocó dar 1 millón”, aseguró en el diario bogotano uno de los proveedores de Corabastos, que solicitó mantener la reserva de su identidad.

En la investigación de El Tiempo encontraron más casos de extorsiones en las vías de Cundinamarca, como ocurrió con transportadores que movilizan productos entre diferentes poblaciones de la sabana de Bogotá.

Entre los casos citaron el de un comerciante de cebollas de Sopó, quien prefirió regresar a esa población para no tener que pagar los 120.000 pesos que le cobraron en su paso por Zipaquirá, una ruta que tiene que realizar para poder vender ese producto en los municipios de Mosquera, Madrid y Facatativá, donde además habría ciudadanos extranjeros que cobran entre 10.000 y 20.000 pesos, reseñaron en el periódico. “Preferí devolverme y perder la mercancía”, señaló el afectado.

Una situación similar también fue reportada en la vía Lérida-Mariquita, en el departamento de Tolima, donde un transportador de aguacates aseguró que le cobraron 180.000 pesos para que lo dejaran pasar con su carga de aguacates, en el sector de San Felipe, luego de que saliera del punto de acopio en las inmediaciones de Fresno.

La Unidad Investigativa de El Tiempo consultó con el presidente de Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), Jorge García, quien afirmó que esos retenes ilegales los organizan infiltrados que asisten a las protestas, los cuales no se pueden identificar facilmente.

“Rechazamos ese tipo de comportamientos. Aclaramos que eso obedece a los grupos de infiltrados que se meten en las protestas. (...) En esas multitudes es muy difícil identificar quién es quién. Pedimos a las autoridades que presten control”, sostuvo García en el diario bogotano.

Sobre estas extorsiones a los conductores, El Tiempo también citó el pronunciamiento del Consejo Gremial: “Perjudican al campesino, al trabajador, al comerciante, al empresario, al manifestante y a cada colombiano que cree en su país”.

En ese medio también recordaron los casos de cobros en las vías al interior de Cali (Valle del Cauca), donde, al parecer, vándalos les cobran entre 15.000 y 20.000 pesos bajo la justificación de que son recursos para financiar su causa en el paro nacional.

“Hay que ponerles control con la misma vehemencia que debemos garantizar el derecho a la marcha pacífica. Muchos caleños se sienten presos en su propia ciudad”, señaló en El Tiempo el concejal Fernando Tamayo, quien reveló videos en los que se ve como jóvenes se van en grupo a cobrarle a los conductores en la capital vallecaucana.

En ese diario también lograron establecer en su investigación, que en el barrio El Tintal, en el sur de la capital colombiana, hay grupos de personas que están realizando requisas a los ciudadanos, supuestamente, para identificar policías.


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