Dos magistrados de la Corte Constitucional en desacuerdo con declaración conjunta de Duque y altas cortes

Los magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez se pronunciaron horas después de que el presidente Iván Duque, junto a los presidentes de las altas cortes, emitieran una declaración sobre la crisis social en Colombia.

Tras un encuentro con el presidente Iván Duque Márquez este jueves para avanzar en una agenda de conversación nacional, las altas cortes entregaron una declaración a los colombianos en la cual expresaron apoyo institucional, respaldaron el diálogo nacional, condenaron los hechos de violencia y reconocieron los programas sociales desarrollados por el Gobierno nacional.

En dicha declaración, dada a conocer desde la Casa de Nariño, el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo Ocampo, manifestó que, “en el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como de quienes no lo hacen, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia”.

Al parecer, las palabras de Lizarazo no cobijó a todos los magistrados de la corte, pues horas después de esas declaraciones, los magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, mostraron su desacuerdo con parte de lo allí dicho.

“No compartimos que el Señor Presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la de acción conjunta con Gobierno Nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”, señalaron los magistrados.

Así mismo, exponen que la Corte Constitucional ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los presidentes de las cortes emitida el 5 de mayo de 2021.

“No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer ‘el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país’, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial”, indicaron Fajardo e Ibáñez.

En el texto insisten en que así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, “también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”.

La declaración de las altas cortes

Las altas cortes en su declaración condenaron y rechazaron “los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana”.

Así mismo, el magistrado Lizarazo afirmó que, “los delitos que en el marco de la protesta se han presentado, contra cualquier ciudadano o servidor público, deben ser investigados, priorizados y sancionadas por las autoridades competentes”. Además, destacaron los programas sociales adelantados durante la pandemia del covid-19.

“Las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, indicó la declaración dada a conocer este jueves.

Finalmente, el presidente de la Corte Constitucional, aseveró que, “la justicia, en la separación de poderes y en colaboración armónica con la institucionalidad, respalda el orden institucional y democrático, en el marco del respeto a la Constitución Política que constituye el gran pacto de paz y convivencia pacífica como la brújula de la Nación”.

En el encuentro participaron también los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández; del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez; del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López; de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes Muñoz, y de la Comisión de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro.

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