Procuraduría investiga 1.790 casos de presuntas aplicaciones irregulares de vacunas en el país

Se indaga sobre colados en las jornadas de inmunización que no cumplían con los requisitos para que les aplicaran las dosis

En varios departamentos del país se estima que hubo 1.790 colados para aplicarse las vacunas. Foto: Archivo Infobae
En varios departamentos del país se estima que hubo 1.790 colados para aplicarse las vacunas. Foto: Archivo Infobae

La Procuraduría General de la Nación anunció nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en la aplicación de vacunas contra el nuevo coronavirus sars-cov-2. Según el ente de control tienen en la mira 1.790 casos en los que hubo anomalías en las inmunizaciones.

En los hallazgos del Ministerio Público se indaga sobre la aplicación de 441 dosis en Bogotá y en Icononzo (Tolima) a ciudadanos que no formaban parte del personal de salud de primera línea, como tampoco se encontraban entre los grupos de adultos mayores de 70 años que estaban priorizados para que les aplicaran la vacuna.

En la Procuraduría también investigan las denuncias sobre funcionarios de los entes territoriales que son señalados de interferir en el proceso de inmunización para que se realizarán de forma irregular la aplicación de las dosis.

“Este año creamos un grupo de trabajo especial el cual coordina las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de los ciudadanos. Hoy anunciamos la apertura de procesos disciplinarios por la presunta vacunación irregular de más de 1.790 personas. Seguiremos en la lucha para el eficaz cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación, infracciones como las anunciadas van en detrimento de las personas más necesitadas”, dijo Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación.

En lo que tiene el ente de control en Bogotá se señala que habría 395 colados en la subred norte de la ciudad en los que habría personal administrativo, funcionarios de participación comunitaria y de servicio al ciudadano, de acuerdo con el material probatorio que recolecto la Superintendencia Nacional de Salud.

Entre esos casos estaría el de una persona que se inmunizó en la primera semana de marzo que no pertenecía al personal de salud priorizado. Y habría 4 personas más que no se registraban en la base daros de la subred norte.

“Por este caso, se inició investigación disciplinaria en contra de: Jaime Humberto García Hurtado, gerente Subred Norte; Patricia Sabogal, jefe de la oficina de calidad; Amanda Salinas, subgerente de prestación de servicios. Y los directores de Gestión de riesgos: Ricardo Rojas Higuera y Anis Cristina González”, informaron en la Procuraduría.

En el Ministerio Público también indicaron que se compulsaría copias para determinar si desde la Secretaría de Salud de Bogotá se cumplió con las labores de inspección, vigilancia y control tras esas señaladas irregularidades.

Entre tanto, en Icononzo (Tolima) el ente de control indaga la denuncia de que 46 personas fueron vacunadas en ese municipio sin cumplir con los requisitos correspondientes para poder acceder a la inmunización.

“Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Girardot inició investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa de Icononzo, Margoth Morales Rodríguez; Marco Fernando Varón Reyes, gerente Hospital de Sumapaz y Paola Villamil Gómez, Directora local de Salud, quienes serán escuchados en versión libre”, indicaron en el Ministerio Público.

En esa entidad también anunciaron que se adelantan indagaciones preliminares por nuevos casos de anomalías en las vacunaciones en Cúcuta (Norte de Santander), Cali (Valle del Cauca), Magangué (Bolívar) en varios municipios de los departamentos de Cundinamarca y Chocó.

En el caso de Cúcuta la Procuraduría tiene que a 1.341 personas les aplicaron las vacunas sin ser parte de la población priorizada para las inmunizaciones. El proceso disciplinario se le lleva a funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

En Cali se indaga al gerente de la Clínica Unida Por la Vida y del hospital público que administra la red oriente de esa ciudad por una presunta valoración irregular con la que se autorizó la vacunación de personal auxiliar administrativo, psicológico y nutricionista como si fueran personal de la primera línea en salud.


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