Por violar información reservada, Fiscalía imputó a funcionario del CTI y su esposa

Los imputados habrían ingresado a distintos sistemas de información, tanto de la Fiscalía como de la Registraduría, en más de 30 oportunidades.

Imagen de referencia: búnker de la Fiscalía General de la Nación
Imagen de referencia: búnker de la Fiscalía General de la Nación

Por presuntamente extraer ilegalmente información reservada de los sistemas de información de la entidad, así como presuntos accesos a la base de datos de la Registraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación imputó a un funcionario del CTI en activo, así como a su esposa.

Se trata de Edilberto Suárez Cepeda, funcionario del CTI, y de su esposa Luz Emilia Chávez Chiriví, pensionada de la misma entidad, como presuntos responsables de extraer de manera ilegal información reservada del sistema SPOA pertenecientes a la Fiscalía.

Lo anterior, motivó a que un Fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputara por cargos de violación de datos personales agravado a la pareja conformada por Suárez Cepeda y Chávez Chiriví.

Según el material de prueba compilado por el fiscal, tanto Suárez Cepeda como Chávez Chiriví ingresaron en 39 ocasiones, sin autorización u orden judicial, al sistema SPOA para obtener datos privilegiados sobre el estado de las indagaciones o investigaciones contra personas denunciadas por diferentes conductas delictivas ante el ente investigador.

Supuestamente estas irregularidades se presentaron entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Para el fiscal del caso, en la información compilada hay indicios de posibles accesos ilícitos a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

Los señalados no aceptaron cargos. Sin embargo, un juez de la República dictó medida de aseguramiento que ambos deberán cumplir en centro carcelario, mientras se adelantan las investigaciones sobre el acceso al sistema de información de la entidad, así como al de la Registraduría.

Desmantelada banda de falsificadores en Cali

Imagen referencia: dólares falsos
Imagen referencia: dólares falsos

De otra parte, en el oriente de Cali, la capital del Valle del Cauca, las autoridades hallaron un centro de producción dedicado a la falsificación de dólares y pesos colombianos a gran escala que eran distribuidos en Colombia y en Ecuador.

La fábrica funcionaba en una vivienda del nororiente de la ciudad vallecaucana, hasta donde llegaron miembros de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional.

En el lugar, las autoridades encontraron una imprenta industrial, tintas, negativos y plantillas para la elaboración de los billetes en las diferentes denominaciones.

Según las investigaciones, los dólares eran transportados a Ecuador, donde se utiliza el dólar estadounidense como moneda nacional. Hasta allí llegaban los billetes falsificados por vía terrestre a bordo de equipajes de mano.

En la fábrica fueron hallados los billetes falsificados que sumados dan una suma de 139.600 dólares. En Ecuador, ese falso dinero “se utilizaba para diferentes actividades comerciales y realizar transacciones bancarias. De esta manera, la estructura ilegal ingresaba altas cantidades de dólares al sistema financiero y obtenía millonarias ganancias”, señaló Javier García Trochez, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía.

En Colombia, según las autoridades, también se distribuían los dólares falsos que eran enviados por vía terrestre a diferentes ciudades del país, donde eran comercializados por debajo del valor real.

Así mismo, identificaron que en algunas oportunidades los billetes eran vendidos por medio de maniobras ilícitas a las casas de cambio. Además, eran distribuidos entre tenderos, dueños de supermercados y transportadores de servicio público.

Las autoridades encontraron en la fábrica a Humberto Martínez Betancour, un hombre de mediana edad, quien sería el dueño del inmueble en el que funcionaba la imprenta.

El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías tras su captura en la vivienda. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

A pesar de que el acusado no aceptó los cargos, la juez le dictó medida de aseguramiento que deberá cumplir en un centro carcelario, mientras se adelantan las investigaciones de la red de falsificación.

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