Gobierno colombiano emitió decreto para que se reactive la aspersión aérea con glifosato

Para hacerse efectiva, la medida debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que está conformado por allegados a la administración Duque.

/ Colprensa
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A pesar de que las comunidades colombianas y varios organismos internacionales se han pronunciado acerca de los riesgos de erradicar cultivos ilícitos con glifosato, el Gobierno de Colombia emitió un decreto este 12 de abril que busca retomar la práctica. Para que la aspersión aérea con este químico vuelva a ejecutarse en el país, el documento presentado por la administración del presidente Iván Duque debe ser aceptado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, grupo que en 2015 suspendió este mismo proceso.

El actual Gobierno asegura que de aprobarse la práctica, esta se haría de forma precisa y controlada sobre cultivos extensos para no poner en riesgo a las comunidades y el ecosistema. En el decreto se especifica que no se realizará la aspersión sobre áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

“Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad de que vamos a realizar una aspersión por precisión que garantice la licencia ambiental, que protege el medio ambiente, que protege la salud, que esté absolutamente regulada, pero, particularmente, que protege a los campesinos. La decisión del presidente Duque, del Gobierno, de las Fuerzas Militares y Policía es avanzar con la aspersión porque el enemigo de Colombia son los cultivos ilícitos. Cada minuto que pase y no avancemos de forma acelerada en reducir esas hectáreas genera más violencia”, afirmó Diego Molano, ministro de Defensa, a través de un pronunciamiento publicado en redes sociales.

MinDefensa habla acerca de aspersión con glifosato en Colombia

El decreto contempla que el Ministerio de Defensa (MinDefensa), el Ministerio de Salud (MinSalud) y el Ministerio de Justicia (MinJusticia), celebren contratos y convenios con control independiente respecto a los parámetros operacionales y el control de riesgos a la salud.

Así mismo, dentro del proceso participarán la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), que vigilarán los efectos del uso de glifosato. Los hallazgos deben ser reportados al CNE para que este se encargue de evaluarlos y definir si se suspende o modifica el programa de aspersión aérea sobre la marcha.

“Incluye la revisión automática de las decisiones por parte del CNE. Para el efecto se determina que la ANLA y el INS, en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, se revisen y envíen el correspondiente informe al CNE. Este a su vez debe pronunciarse de forma motivada, si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, indica la comunicación del Gobierno.

Ya que los ministerios y las entidades estatales anteriormente mencionadas tienen una participación directa en el proceso, el Gobierno señala que se necesita una institución distinta para que se encargue de recibir las quejas, por lo que le asignó la tarea a la Policía Nacional.

A las pocas horas de conocerse la noticia, varios sectores del país, sobre todo los campesinos e indígenas, se mostraron en contra del decreto. Los afectados no tienen confianza en la Policía ni en otras instituciones que conforman el pie de fuerza del país ya que en muchas oportunidades ellos mismos han liderado acciones de erradicación forzosa que ha terminado en enfrentamientos.

Si bien es cierto que el polémico decreto todavía no está en ejecución porque debe ser aprobado por el CNE, las probabilidades de que esto pase son muy altas. El Consejo está conformado por allegados a la administración Duque como los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación.

Las comunidades aseguran que no es necesario retomar esta práctica ya que están dispuestas y comprometidas con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas” siempre y cuando el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y el proceso se haga conforme a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz. La propuesta es que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para erradicar los cultivos tranquilamente y todos se vean beneficiados.

Además, se sustentan en una carta que envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 17 de diciembre al Gobierno nacional en la que pide reconsiderar la implementación de la erradicación con glifosato. El documento está firmado por siete relatores especiales de la entidad que representan varios sectores: Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medioambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. Ellos rechazan el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) porque argumentan que el uso del químico tiene consecuencias graves para la salud y el medioambiente.

“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el PECIG y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente. Estos hechos se estarían llevando a cabo en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”, se lee en la carta que se extiende nueve páginas.

La ONU explicó que, hay evidencia contundente de los daños que el glifosato tiene sobre la salud reproductiva de las mujeres y los animales domésticos y polinizadores. Así mismo, se verían afectados el agua y los cultivos de pancoger, es decir, las principales formas de sustento de las comunidades donde se implementará el programa.

La reanudación del PECIG “atentaría y vulneraría” derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Además, va en contra de los compromisos que Colombia tiene firmados en relación a la prevención de la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el respeto de los derechos de los niños, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Incluso, no respetaría el Acuerdo Final de Paz.

Otro de los argumentos de los relatores de la ONU para rechazar el programa está relacionado con el “déficit participativo” que ha tenido el proceso. Este hecho impediría la inclusión y no tendría en cuenta los testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre cómo el químico afecta sus vidas.

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