“El reclutamiento de menores sigue siendo una práctica recurrente, sistemática y oficializada”: Lina Arbeláez, directora del ICBF

Desde hace más de veinte años, el Bienestar Familiar ha venido trabajando desde diferentes frentes en contra del reclutamiento forzado en menores de edad.

La directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. - Fundación Color de Colombia.
La directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. - Fundación Color de Colombia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de su directora Lina Arbeláez, ha venido trabajando en contra del reclutamiento forzado a niños y adolescentes por parte de los diferentes grupos armados del país.

A mediados de febrero de este año, la directora del ICBF le entregó a la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tres informes en el que se estipulaban que el ELN, la antigua guerrilla de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares eran los encargados del reclutamiento forzado.

Según Arbeláez, en dicho informe se evidencia que se abrieron 6.931 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de menores de edad víctimas de este delito, desde 1999 hasta la firma del Acuerdo de Paz, en los que se les ha hecho acompañamiento hasta los 25 años. Sobre reclutamiento, el año pasado la entidad reportó 144 casos, mientras que las organizaciones sociales reportaron 222 casos.

De este tema Lina Arbeláez ha hablado en diferentes ocasiones explicando, desde su investigación, que “tristemente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica recurrente, sistemática y oficializada en los grupos armados ilegales”.

De acuerdo con una entrevista para el diario El Tiempo, Lina Arbeláez informó que, desde noviembre de 1999, han pasado más de 6.958 niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados por el programa de atención del ICBF.

sesde hace casi 22 años, las víctimas atendidas por el instituto, hasta febrero de este año, C; el 19 por ciento, por el ELN; el 15 por ciento, por las AUC; el 5 por ciento, por las BACRIM y el 4,5 por ciento, por los grupos armados organizados residuales”.

Los departamentos con mayores índices de reclutamiento son: Antioquia (12 %), Caquetá (7,1 %), Cauca (6,9 %), Meta (6,7 %) y Chocó (6 %). Por otro lado, según los datos del ICBF, los grupos armados reclutan menores de edad desde los 9 años. “Desde 1999, hemos atendido 102 niños de entre 9 y 12 años; 2.035 de entre 13 y 15 años; 4.509 de entre 15 y 17, y 312 de 18 o más años”, agregó Arbeláez.

Desde hace casi 22 años, de las víctimas atendidas por el instituto hasta febrero de este año, el 77 % se entregó de manera voluntaria e individual; el 23 % fue rescatado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Y, en la actualidad, son 191 menores de edad los que se encuentran recibiendo atención por parte del instituto.

Bajo el Gobierno de Iván de Duque, Bienestar Familiar ha recibido a 196 menores de edad reclutados de manera forzosa en 2018; 180 en 2019; 144 en 2020 y 27 en lo que va del año. Según lo dicho en la entrevista, cuando las víctimas “cumplen la mayoría de edad, ellos pueden seguir accediendo a los servicios que el Gobierno Nacional tiene para la garantía de los derechos que tienen como víctimas del conflicto armado, a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)”.

Arbeláez le explicó al diario El Tiempo en qué consiste el nuevo plan que acaba de lanzar el ICBF contra el reclutamiento de menores. “Presentamos el cartel de los reclutadores de menores de edad más buscados, con una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos por información que permita su captura. La Policía Nacional creó un grupo especial que desplegará 2.200 efectivos contra el reclutamiento, y desde el ICBF tendremos una nueva estrategia que llegará a los jóvenes de 14 municipios con una iniciativa de prevención que busca generar oportunidades reales y efectivas, para despojar a estos criminales de la posibilidad de seguir reclutándolos”.

Para esto último, la directora de Bienestar Familiar explicó, en una entrevista para el periódico El Espectador, que: “Tenemos que garantizar la apuesta en marcha de programas de prevención, pero no sólo es el Instituto, el Código habla de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar que lidera el ICBF y que depende de muchas otras entidades. Por ejemplo, en materia de protección, cuando los niños y niñas entran en la ruta se activa el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Hay que buscar que su estado de salud físico esté bien y eso no es de nuestra competencia. Ahora, en materia de seguridad, nosotros tampoco tenemos cómo. Es que ni tenemos la facultad de tener una policía. No tenemos armas ni tenemos cómo defender a los niños si una persona viene con una pistola a llevárselo. Si hay un defensor de familia, mal haría yo diciéndole que se enfrente al señor que hace parte del Clan del Golfo. Este es un accionar conjunto”.

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