Onic denuncia que en lo corrido de 2021 se han violado los derechos de más de 3.600 indígenas

De la cifra total de afectados, 2.960 son víctimas por confinamiento y 677 por desplazamiento forzado masivo.

Indígenas del Cauca durante la Gran Marcha Nacional por la vida la dignidad y la paz. Foto: Colprensa - Sergio Acero.
Indígenas del Cauca durante la Gran Marcha Nacional por la vida la dignidad y la paz. Foto: Colprensa - Sergio Acero.

Una de las poblaciones más afectadas en Colombia por el recrudecimiento de la violencia son los grupos indígenas que habitan en todo el territorio nacional. Este hecho quedó evidenciado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que reveló un informe en el que expone que, solo entre el 1 de enero y el 9 de marzo de este año, se violaron los derechos de más de 3.674 indígenas.

“El desplazamiento por causa del conflicto armado en Colombia ha cobrado la vida de miles de nuestros hermanos y hermanas indígenas que han sido asesinados o han caído en medio del fuego cruzado, perdiendo sus territorios, padeciendo hambre y enfermedad. Hoy en Colombia hay pueblos enteros y comunidades indígenas al borde del exterminio físico”, expresó la Onic a través de un comunicado de prensa.

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), realizado en 2018, en el país existen 115 pueblos indígenas nativo, y todos han sido violentados.

De la cifra total de afectados, la Onic detalló que registra 2.960 víctimas por confinamiento y 677 por desplazamiento forzado masivo. Señaló que, desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, estas dos violaciones de los derechos son las de mayor impacto, con el 51.6 por ciento por confinamiento y 30.0 por ciento por desplazamiento.

Esta población se ve afectada por la presencia en sus territorios de los principales grupos armados que quieren controlar el país: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como ‘Clan del Golfo’, el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparros’, entre otros. Así mismo, la Onic denuncia que sufren a manos de la misma fuerza pública del Estado.

“Afirmamos que somos víctimas directas de permanentes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores armados estatales e ilegales, y sabemos que detrás de esta dolorosa y trágica realidad está el interés de los grandes negocios en nuestros territorios para el narcotráfico, el extractivismo minero-energético y la agroindustria”, señaló en el informe.

La organización expuso que, una de las situaciones más críticas la vive el pueblo Emberá, que desde 2001 es víctima del desplazamiento forzado. De hecho, en estos momentos en Ciudad Bolívar, barrio ubicado en Bogotá, la capital colombiana, hay 393 indígenas desplazados, en un nivel de alto riesgo y vulnerabilidad. Hasta la fecha no hay rutas de retorno claras para este pueblo, ni garantías de atención en salud, educación, vivienda, lo que los coloca en inminente de exterminio físico, cultural y territorial.

Onic afirmó que, esta situación no es nueva y lo que la hace recurrente es que el Estado no ha garantizado los derechos de los indígenas en sus territorios, por lo que siempre terminan desplazándose. Además, recuerdan que la brecha social se agrava en estos momentos debido a la contingencia por el covid-19 que atraviesa el país.

Otro de los problemas que denunció la Onic es que, los indígenas tienen problemas para ser escuchados formalmente por el Estado, ya que no hay traductores que los ayuden a comunicarse.

“Señalamos que se presentan grandes dificultades para que las familias presenten su declaración ante la Unidad de Víctimas, toda vez que, no hay traductores que faciliten esta diligencia; en algunos casos los funcionarios al no entender las solicitudes de las familias, los envían a otros lugares dificultando aún más el proceso de acreditación como víctimas y de acceso a sus derechos”, sostiene la Onic.

Al presentar el informe, la Onic reiteró que estas formas de vulneración de derechos deben detenerse, por lo que la organización pidió el apoyo de los gobernantes y la sociedad civil. Se solicitó pactar nuevos acuerdos con grupos subversivos y cumplir con los existentes para así proteger a los indígenas y los colombianos en general.

“Hemos insistido en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la exguerrilla de las Farc-EP y el Estado, y en especial en la implementación del Capítulo Étnico como salida a esta grave situación. Igualmente clamamos para que se reinicien los diálogos de paz con el ELN y demás grupos armados, con el fin de parar la guerra que está dejando un rastro de dolor en los territorios”, finalizó la Onic.

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