Críticas a la Universidad Sergio Arboleda por conversatorio sobre aborto en Colombia con solo panelistas hombres

La universidad realizará el conversatorio ‘Aborto y Estado Laico’, que abordará los alcances jurídicos y judiciales de la criminalización o descriminalización del aborto en Colombia.

Este martes, 23 de marzo, la Universidad Sergio Arboleda anunció en su cuenta de Twitter la realización del conversatorio “Aborto y Estado Laico”, el próximo 29 de abril, que tendrá invitados que reflexionarán sobre los alcances jurídicos y judiciales de la criminalización o descriminalización del aborto en Colombia.

El problema radica en que a la conversación, que se centra en los derechos de la mujer, no fue invitada ninguna experta, solo aparecen cuatro participantes: Fernando Velásquez, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia; John Zuluaga, doctor en Derecho (Dr. iur.) y master of Laws (LL.M.), Georg-August-Universität Göttingen (GAU, Alemania); Nicolás Valencia, abogado del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario; y Miguel Lamadrid, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

El conversatorio ha recibido fuertes críticas por parte de tuiteras que rechazan que los hombres sigan siendo quienes discuten en la academia un tema tan importante como lo es el aborto.

“Ah bueno, puros tipos hablando de ABORTO, de ABORTOOOOOO. Ninguno con un útero, maldita la maña que tienen de hablar sobre temas que no les incumben”, escribió la activista Lalis.

“Estimados, qué bueno que se generen espacios de diálogo como estos y les felicito por ello. Sin embargo, si se hablará sobre la mujer y derechos sobre su cuerpo, lo menos que se esperaría y lo más decente, es que también sea ella la representación principal en el panel. Saludos”, indicó otra tuitera.

Otra crítica fue: “La cantidad de abogadas que trabajan sobre estos temas en el país y ustedes ponen a 4 panelistas hombres? De verdad que no les interesa un pepino los derechos de las mujeres y se nota. No estamos en 1930 como para que hablen puros hombres sobre DERECHOS DE MUJERES”.

En la actualidad, en la Corte Constitucional cursan cinco demandas que piden sacar del Código Penal colombiano el delito del aborto. La Corte tendría dos meses para revelar su posición al respecto.

El pasado 18 de marzo, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional se pronunció frente al panorama del aborto en Colombia. Según reveló Noticias Uno, el viceministro de Promoción de la Justicia, Francisco José Chaux, pidió a la Corte Constitucional abstenerse de pronunciarse frente a la discusión pues considera que esto es “cosa juzgada constitucionalmente”.

Demonstrators and activists take part in a rally in support of legal and safe abortion during a march to mark the International Safe Abortion Day in Bogota, Colombia September 28, 2020. Placard reads "let's abort this violent homeland". REUTERS/Luisa Gonzalez
Demonstrators and activists take part in a rally in support of legal and safe abortion during a march to mark the International Safe Abortion Day in Bogota, Colombia September 28, 2020. Placard reads "let's abort this violent homeland". REUTERS/Luisa Gonzalez

Es decir que, las reglas ya están establecidas desde 2006, cuando la Corte Constitucional reglamentó con la sentencia C-355 las tres causales para interrumpir un embarazo: cuando afecte la salud o la vida de la mujer, en casos de violación e incesto o si el feto tiene malformaciones. Hasta el momento, que una mujer se realice un aborto fuera de estas tres causales la expone a someterse a un proceso penal.

Sobre las causales, las voceras del movimiento Causa Justa aseguraron que, aunque en esos casos la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, se siguen presentando obstáculos y barreras para garantizarlo, y la primera de ellas es que el aborto por fuera de esas tres excepciones, sigue siendo un delito.

Inclusive, dentro de la demanda que presentaron en septiembre de 2020 se confirmó que varios médicos no están practicando los procedimiento, basándose en su derecho a la objeción de conciencia, por lo cual, en 2008, la sentencia T-209 dictaminó que, si algún médico rechazaba realizar el procedimiento, debía enviar a la mujer a otro centro o instancia para garantizar su derecho.

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