Ituango, Antioquia, entró en toque de queda indefinido por violencia

La medida confina a menores de edad y motociclistas para prevenir el incremento de la violencia en un municipio que ha aumentado en este índice un 50% en los primeros tres meses del año.

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Sin inspector de policía y con más de 300 familias confinadas, el municipio decidió un toque de queda indefinido para controlar la violencia
Sin inspector de policía y con más de 300 familias confinadas, el municipio decidió un toque de queda indefinido para controlar la violencia

La alcaldía de este municipio señaló que impuso la medida debido a la violencia ejecutada por los grupos armados que buscan quedarse con el territorio, por lo que se aplicará entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Edwin Mira Sepúlveda, alcalde de Ituango, informó que dicho toque de queda nocturno es para menores de edad y motociclistas: tanto los primeros deberán permanecer en sus casas, como los segundos no pueden circular durante la ejecución de la medida.

Para justificar la medida, Sepúlveda entregó unas declaraciones a RCN Radio, seccional Antioquia: “Las motos han sido usadas en la zona, por parte de los grupos armados ilegales, para cometer hechos de violencia, por eso la restricción. Los menores deberán permanecer en sus casas desde las 10:00 de la noche. Queremos evitar daños a la población civil, por ahora la medida restrictiva es indefinida”.

El panorama de violencia en Ituango ha hecho saltar las alarmas tanto del gobierno local como el de las autoridades departamentales: en lo corrido de 2021, la violencia en Ituango aumentó un 50 por ciento, con 19 crímenes, la mayoría ocurridos en zona urbana de ese municipio.

Por amenazas de muerte, que son investigadas por las autoridades, el inspector de la policía debió abandonar el municipio; se espera su regreso, pero no está confirmada una fecha inmediata dado que la Policía de Antioquia busca garantizar su seguridad para que retome su puesto de trabajo.

Este hecho, inédito en el municipio, motivó al alcalde Sepúlveda a insistir en que le sean brindadas las garantías necesarias al funcionario, para que éste proceda en la resolución de las denuncias sobre violencia en Ituango: “El inspector de la policía tuvo que desplazarse, por amenazas. Están adelantando todas las investigaciones para aclarar la procedencia de esas intimidaciones”, declaró el alcalde a RCN Radio-Antioquia.

La violencia en Ituango: un asunto pendiente del Gobierno nacional

El municipio antioqueño se quedó sin inspector de policía por amenazas contra su vida, motivo por el que decidió un toque de queda indefinido
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En menos de 60 días, Ituango ha recibido a 400 personas, entre comunidades campesinas e indígenas, desplazadas por las amenazas del Clan del Golfo y Los Caparros.

Estas personas están albergadas en el coliseo del municipio mientras las autoridades departamentales organizan su regreso a los territorios, en donde abandonaron sus casas, cultivos agrícolas y animales de cría por presión de los grupos armados.

El director de la División de las Américas de la entidad, José Miguel Vivanco, denunció que existía riesgo de desplazamiento forzoso en zona rural del municipio por fuertes amenazas de grupos ilegales.

“Me preocupan los reportes sobre la situación de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, en Ituango. 120 familias estarían en riesgo de desplazamiento”, comentó el director de la organización internacional.

Frente a los desplazamientos y las amenazas que están recibiendo los habitantes de la zona, el mandatario local aseguró que se encuentran realizando las respectivas investigaciones para conocer de dónde vienen las intimidaciones pues, dice, hay varias inconsistencias en las denuncias.

“Un presidente de junta comunal recibió una llamada donde le informaban que se desplazara al casco urbano, pero otro recibió una llamada diciendo que no se desplazaran. En el primer momento dicen que fueron las disidencias; y quien dice que no se retiren, el Clan del Golfo “, comentó Mauricio Mira, líder social antioqueño.

De otra parte, Isabel Zuleta, líder social de la Fundación Ríos Vivos, informó que la violencia en el municipio es un fenómeno complejo al que los gobiernos departamental y nacional han prestado poca atención.

“Esto no se puede controlar solo con el Ejército; no hemos contado con la atención del Gobierno local, departamental y nacional. Se necesita de una actuación interinstitucional. Hemos suplicado al gobernador de Antioquia que nos escuche, que se reúna con los líderes, porque esto se veía venir”.

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