Inicia el trámite del proyecto anticorrupción del Gobierno en el Congreso de la República

Este jueves 18 de marzo a las 9:00 a.m. iniciará el tránsito en el Congreso de la República el proyecto de ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que impulsa el gobierno de Iván Duque, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En la Comisión Primera del Senado se llevará a cabo la audiencia pública virtual para conocer las posturas de los sectores políticos involucrados en el proyecto de ley.

De acuerdo con la Vicepresidencia, este proyecto fue presentado por medio de la Secretaría de Transparencia y se construyó con 25 entidades del Estado que se reunieron en la Comisión Nacional de Moralización.

El documento tiene 12 capítulos y 91 artículos que tratan temas desde la protección de la identidad de los denunciantes de hechos de corrupción, la creación de un registro único de beneficiarios finales y la imputación de responsabilidad a las personas jurídicas cuando sus administradores hayan sido condenados por delitos de corrupción.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que, “es muy importante que el ciudadano se acerque a las instituciones y denuncie los hechos de corrupción”.

Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, aseguró que Colombia necesita seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y productiva.

Así mismo, subrayó la importancia de garantizar la protección de la vida, la identidad y el trabajo de los denunciantes de posibles hechos de corrupción para aumentar el número de denuncias, como está previsto en el proyecto.

El texto reúne iniciativas de ley que fueron archivadas, al igual que recomendaciones internacionales; ataca falencias legales y es fruto de un amplio trabajo de discusión con los técnicos de las entidades para generar propuestas puntuales y efectivas.

En su momento, el presidente Duque destacó que esta iniciativa, cristalizada como proyecto de ley, fue resultado de un “consenso armonioso” entre distintas ramas de los poderes ejecutivo y legislativo, asentadas en la mesa de la Comisión Nacional de Moralización, que produjo lo que el mandatario denominó “una iniciativa legislativa de gran alcance”.

La ley acelera los mecanismos para la extinción de dominio, una de las figuras más utilizadas por los mecanismos de investigación y judicialización, para impactar las estructuras de los grupos criminales y del narcotráfico.

Según Duque, agilizar las extinciones incidirá en el mejoramiento de las arcas estatales, al quitar las barreras que impiden que el dinero confiscado ingrese al fisco público durante el proceso de extinción. También, subraya, que las penas para los infractores deban ser más veloces al momento de aplicarse, lo que evitará que éstos apelen o, caso extremo, se evadan de sus responsabilidades penales.

El articulado también contempla un marco de castigos en el sector público, al determinar el nivel de responsabilidad de las empresas jurídicas del estado cuando haya un fallo en contra de sus directores administrativos o representantes legales, con lo que podría, eventualmente, repartir la carga de la prueba con la entidad y permitir a los organismos de inspección y vigilancia determinar qué parte de la estructura está comprometida en eventos de corrupción.

Otro destacado es la inhabilidad de los aportantes a campañas electorales que tengan acusaciones de corrupción. Aunque las penas no fueron divulgadas para este tipo de corrupción, de acuerdo con el reporte de Presidencia, la indicación es establecer quiénes inciden en prácticas de este tipo a la búsqueda de favores en metálico o de otro tipo. Así mismo, el proyecto introduce la denominada “indemnización” efectiva para las víctimas individuales de corrupción, con lo que el estado colombiano pretende dar visibilidad a aquellas personas que sufrieron efectos de corrupción y que, en su momento, fueron juzgadas por informaciones erróneas con lo que fue afectado su buen nombre.

Otro de los articulados, basado en el criterio de la transparencia, demanda la obligación que tienen los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones de renta ante la autoridad competente. Este último otorga dientes a entidades como la DIAN para revisar patrimonios y determinar si hay o no enriquecimiento derivado de prácticas asociadas con la corrupción.

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