
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra seis presuntos integrantes y colaboradores de una red criminal colombo-rusa, a quienes atribuye una conspiración para enviar cientos de kilogramos de cocaína al país y apoyar materialmente a las disidencias de las antiguas Farc.
El caso fue radicado ante un tribunal federal del Distrito Este de Luisiana y se divulgó el 10 de noviembre de 2026. La investigación está relacionada con la operación Sail Away de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
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“Una tercera acusación formal sustitutiva, revelada recientemente en el Distrito Este de Luisiana, acusa a seis miembros y asociados de una organización de narcotráfico colombo-rusa de delitos federales vinculados al tráfico de drogas, entre ellos la conspiración para importar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, puntualiza el comunicado.
Seis acusados enfrentan cargos por tráfico de cocaína

Los imputados son Alexander Altergott, de 57 años; Luca Detto, de 45; Oleg Khazov, de 39; Diago Gómez-Morillo, conocido como alias Efata; Vitalii Zhikharev, de 41, y Boris Yakovlev. Las autoridades identificaron entre ellos a ciudadanos rusos, italianos y colombianos.
“La acusación sustitutiva imputa a ALEXANDER ALTERGOTT, de 57 años, de Rusia; LUCA DETTO, de 45 años, de Italia; OLEG KHAZOV, de 39 años, de Rusia; DIAGO GOMEZ-MORILLO, alias EFATA, de Colombia; VITALII ZHIKHAREV, de 41 años, de Rusia; y BORIS YAKOVLEV, de Rusia, por violaciones a la Ley Federal de Sustancias Controladas y la Ley de Tráfico Transnacional de Drogas”.
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Según la acusación, habrían cometido “conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. La tercera acusación sustitutiva añadió cargos contra los supuestos co-conspiradores de ALTERGOTT”.

Además, los seis afrontan cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína. Cuatro de los procesados también estarían relacionados con un plan para introducir narcóticos ilegalmente a Estados Unidos.
El fiscal federal David I. Courcelle señaló que las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional se orientan a proteger a las comunidades frente a la violencia atribuida a las organizaciones de narcotráfico. “La misión compartida del HSTF permanece inalterable: hacer cumplir las leyes del país y proteger al público al que nos enorgullece servir”, expuso.
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Dos procesados son señalados de apoyar a las Farc

La acusación publicada por el Departamento de Justicia incluye un señalamiento adicional contra Altergott y Zhikharev, a quienes el Departamento de Justicia atribuye una conspiración para proporcionar apoyo material a las Farc.
“El cargo cuatro acusa a ALTERGOTT y ZHIKHAREV de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)”, indica el documento oficial.
Y agrega: “Por el cargo cuatro, ALTERGOTT y ZHIKHAREV enfrentan cada uno hasta 20 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada. Cada uno también enfrenta el pago de una tasa especial obligatoria de 100 dólares por cada cargo imputado.”
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Washington designó a esa organización como terrorista extranjera en diciembre de 2021. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, el grupo mantiene vínculos con actividades criminales que incluyen asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques armados.
En las pesquisas participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y organismos de seguridad de Colombia, Italia y Estados Unidos.
“El caso está bajo investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). La Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales prestaron asistencia adicional y trabajaron junto al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. La fiscal federal adjunta Rachal Cassagne, de la Unidad de Narcóticos, está a cargo de la acusación”.
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La Fiscalía advirtió que algunos de los acusados podrían recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y, para determinados delitos, incluso cadena perpetua. La conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera puede ser castigada con hasta 20 años de cárcel.
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