Con testigos a favor, reinició juicio por corrupción contra general (r) Óscar Atehortúa

Investigado por recibir, al parecer sin terminar, 60 casas de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz (Cenop), la defensa del oficial presentó dos testigos que trabajaron con él durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos.

General (r) Óscar Atehortúa afronta investigación de la Procuraduría por casas fiscales en Tolima
General (r) Óscar Atehortúa afronta investigación de la Procuraduría por casas fiscales en Tolima

Después de dos meses, la Procuraduría reanudó las las audiencias de juicio disciplinario al General (r) Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades en la construcción de 51 casas fiscales en el Tolima, cuando ejerció como director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional en 2014.

Esta denuncia, una de las que costó su puesto como director de la Policía Nacional, salió a la luz en noviembre de 2020, y fue hecha por el General William René Salamanca.

Aunque se ha afirmado por parte del Ministerio Público que el juicio disciplinario contra Atehortúa se encuentra en la “recta final”, todavía están pendientes las declaraciones de oficiales involucrados en los escándalos de corrupción por los que ha sido señalado el oficial retirado.

Por lo que la expectativa en este reinicio de audiencia estuvo en los testigos llamados a declarar a solicitud de la defensa: el capitán y abogado Andrés Mauricio Suárez y la abogada Leyda Ortiz, ambos bajo el mando de Atehortúa en la fecha de los hechos que investiga el Ministerio Público.

La versión del Capitán Suárez

El capitán y abogado Andrés Mauricio Suárez, fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Rotatorio en el año 2011. Llamado a testificar, el unificado expuso durante más de una hora su participación como representante legal de dicha oficina, así como hizo entrega de documentos y actas del contrato adjudicado en 2011 para la ejecución del proyecto inmobiliario CENOP I en el municipio de San Luis.

“Cuando nosotros recibimos el contrato en mayo de 2014, presentaba unas condiciones totalmente distintas a lo contratado. Una obra planeada para 7.4 hectáreas y ejecutada en más de 14”, señaló el uniformado.

Declaró que su oficina encontró modificaciones relacionadas con aspectos como la altura de las casas y sistemas de techos, que representaron un incremento del costo en un 3 o 4 por ciento sobre el total.

Algo que va a generar la suspicacia mayúscula, es que el contrato, de acuerdo a su condición técnica, tenía ventiladores para ser instalados, pero lo que encontramos fue dos aires acondicionados por vivienda”, añadió en la audiencia organizada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la versión del capitán Suárez, el Fondo Rotatorio, presidido por el entonces director Atehortúa, ordenó una audiencia para julio del 2014 con el objeto de que el contratista del proyecto, quien tenía un 34% de incumplimiento, completara la obra.

Suárez fue enfático en señalar que el contratista cumplió en su totalidad con los compromisos acordados: “Tengo 15 documentos en donde demuestran el seguimiento y cumplimiento de la obra. Aporto videos que demuestran que en junio de 2015 las obras están en perfectas condiciones”, recalcó.

Como conclusión a su declaratoria, el capitán Suárez invocó el antecedente de archivo del proceso establecido por la Fiscalía, dado que durante la participación del general Óscar Atehortúa en el desarrollo de las obras no hubo delito alguno.

El capitán Suárez fue enfático en declarar que el general (r) Atehortúa se “ajustó a la ley” mientras dirigió el Fondo Rotatorio.

Lo que dijo la abogada Ortiz

Miembro de la reserva activa de la Policía Nacional, así como abogada en la Inspección General de la Policía, la abogada Leyda Ortiz informó que el general Atehortúa no se declaró impedido cuando llegaron las investigaciones a esa unidad.

Ortiz aseguró que el General (r) Atehortúa no pudo hacerlo porque “cuando control interno remite los informes, no hace alusión a persona alguna y es imposible que usted se declare impedido de algo que desconoce que va a pasar”.

Por recibir, al parecer sin terminar, la obra de 60 casas de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz (Cenop), Atehortúa ha enfrentado una investigación disciplinaria, que fue archivada por la Fiscalía, al no encontrar pruebas de irregularidades, y en la cual la Contraloría tampoco halló anomalías.

No obstante, en la Procuraduría el proceso sigue vigente.

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