Unidad de Víctimas de Risaralda exigió al Gobierno garantizar el retorno de indígenas chocoanos desplazados

La población salió de su territorio hace tres semanas y no ha podido regresar porque grupos armados ilegales amenazan su vida.

La Defensoría del Pueblo atiende a los 298 indígenas desplazados en Pueblo Rico, Risaralda. Foto: Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo atiende a los 298 indígenas desplazados en Pueblo Rico, Risaralda. Foto: Defensoría del Pueblo.

Desde el pasado 17 de febrero, 298 indígenas pertenecientes a la comunidad embera katío tuvieron que abandonar su territorio, en el área rural de Bagadó (Chocó) por cuenta del recrudecimiento de la violencia. Han pasado tres semanas y esta población no ha podido volver a su hogar, por lo que este 10 de marzo, la Unidad de Víctimas de Risaralda, departamento al que migraron los afectados, pidió al Gobierno que se den las garantías de seguridad para restablecer los derechos de estos colombianos.

“Lo importante acá es que las personas puedan regresar a sus territorios con todas las condiciones de seguridad. El llamado es para que la Fuerza Pública y la Gobernación de Risaralda hagan ese acompañamiento y que estas familias puedan volver a sus territorios del Resguardo Cevedé”, solicitó Laura Moreno, directora regional de la Unidad.

Justo el 5 de marzo, la Defensoría del Pueblo también instó a las autoridades a intervenir el territorio de los indígenas para garantizar su seguridad al volver a casa.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que se actúe de forma inmediata en la zona. La seguridad e integridad de esta comunidad exige intervención y acompañamiento institucional urgente”, indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

La Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas coincidieron al argumentar que es necesario que los embera katio vuelvan a su resguardo porque ahí tienen su hogar establecido, en el que viven con sus propias costumbres que deben ser respetadas. Sin embargo, el retorno a su territorio no es posible hasta que la vida de los indígenas no se vea en peligro por el fuego cruzado entre grupos subversivos.

Actualmente estas familias están alojadas en el coliseo de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Pueblo Rico, ubicado al noroccidente del departamento de Risaralda. Los indígenas migraron hasta ese territorio porque es uno de los que limita con Bagadó.

Al espacio designado se han acercado representantes de la Gobernación de Risaralda, la Unidad de Víctimas y la Defensoría para asegurarse de que la comunidad esté resguardada de la lluvia y cuente con baños portátiles y alimentos.

“En Pueblo Rico, Risaralda, la Defensoría del Pueblo acompaña a 298 personas de 73 familias que fueron desplazadas forzosamente del municipio de Bagadó - Chocó, comunidad de Cevedé, en el resguardo indígena Tahami del Alto Andágueda”, anunció la Defensoría el 3 de marzo.

A pesar de los esfuerzos, los gobernantes locales y departamentales señalaron que hay riesgo de hacinamiento, debido a que más miembros de la comunidad indígena continúan desplazándose hasta el casco urbano.

“El llamado que hago al Gobierno nacional es que mire la posibilidad de dar tranquilidad a las comunidades indígenas del territorio nacional, especialmente del Chocó, ya que al día de hoy tenemos más de 300 personas desplazadas hacia el casco urbano del municipio de Pueblo Rico, que estamos atendiendo con mucho esfuerzo y estamos buscando apoyo de otras entidades del departamento del Chocó, de Bagadó y de la Unidad de Víctmas para que nos den la mano en este momento”, señaló Leonardo Siagama, alcalde de Pueblo Rico.

Frente a esa posibilidad, la directora regional de la Unidad de Víctimas puso a disposición esa entidad para ayudar a que la Gobernación Departamental y la Alcaldía Municipal “no se vean desbordadas en la cantidad de personas que deban atender”.

Cabe recordar que, el hecho particular que causó el desplazamiento de esta comunidad fue el homicidio de un guardia indígena, quien se encargaba de prestar servicios médicos dentro de su resguardo. El crimen ocurrió el pasado 17 de febrero, a manos de un grupo armado ilegal que hasta ahora no ha sido identificado. Desde ese momento las víctimas han vivido en zozobra por temor a perder sus vidas.

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