Cartel de la Toga: Exmagistrado Francisco Ricaurte renunció a prescripción de delito

A través de audiencia virtual, el abogado Sebastián Fajardo, representante del exmagistrado Francisco Duarte, informó que renunciaba a la prescripción del delito de utilización de información privilegiada.

Pero la defensa no se limitó al anuncio sino que declaró que tumbarán la totalidad de las supuestas pruebas de la Fiscalía General de la Nación así como lo que denominan “la mentira a la que llamaron cartel de la toga”.

El exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez es procesado por concierto para delinquir y cohecho, en el caso de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’. Actualmente goza de libertad y junto a su defensa está en descargos de las acusaciones prescritas por el ente investigador.

Estos son los argumentos legales que se baten en la audiencia contra Ricaurte

Precisamente, fueron la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación las entidades que solicitaron la condenar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero.

La Fiscalía General señaló que el exmagistrado Ricaurte hizo parte de una organización criminal, que comúnmente se le conoce como Cartel de la Toga, por lo que merece ser sancionado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

En el documento presentado ante el Juez, el ente investigador solicitó proferir: “Sentencia condenatoria contra Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer” dádivas por sus sentencias, a lo que añadió que las pruebas practicadas durante el juicio concluyeron que más allá de toda duda razonable es evidente la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación.

Para este caso, la Fiscalía otorgó credibilidad a la versión entregada por Luis Gustavo Moreno, exfiscal, quien señaló al exmagistrado Ricaurte de incurrir en los delitos impugnados.

Fue Moreno quien confirmó que Ricaurte recibió sobornos con los que desvió y archivó procesos penales en contra de aforados constitucionales, lo que cambió el fiel de la balanza para el expresidente de la Corte Suprema de la Justicia, quien siempre alegó su inocencia ante sus investigadores.

Ricaurte, quien actualmente se encuentra en libertad, sostuvo durante las indagatorias que los encuentros con Moreno, otrora exjefe anticorrupción de la Fiscalía, fueron casuales. Pero los señalamientos de éste, que aseguró que tanto Ricaurte como el exmagistrado Leonidas Bustos ejercieron actos de corrupción con varias personas para conseguir beneficios personales, fueron determinante para el peso de las pruebas presentadas por el ente investigador.

El proceder del Cartel de la Toga, en el que Ricaurte jugó un papel clave, era el ofrecimiento de servicios para cambiar procesos judiciales con el fin de entregar beneficios tramitados ilegalmente para los ‘clientes’, personajes de la política o la justicia afectados por sanciones emitidos por la justicia colombiana.

Dentro de estos procesos, la Fiscalía señaló irregularidades en casos como los del exsenador Álvaro Ashton y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, entre otros.

Así mismo, el ente investigador exigió al juez “declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada”.

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, también involucrado en el escándalo del Cartel de la Toga, rindió testimonio en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

En su testimonio fue enfático en decir que mientras fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia los procesos que fueron foco de cuestionamientos legales, nunca llegaron a su despacho, ni siquiera el del excongresista Musa Besaile, uno de los detonantes del escándalo.

Se defendió diciendo que durante su paso por la Corte Suprema no fue testigo ni participó de filtraciones o casos de corrupción e insistió en aclarar que siempre respetó la confidencialidad de los procesos que tuvo a su cargo.

Sostuvo también la posibilidad de que, en casos como el del excongresista Álvaro Ashton y el exgobernador Juan Carlos Abadía, se hicieran ofrecimientos para cambiar decisiones judiciales y aclaró que nunca estuvieron en su despacho.

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