Aparece testigo clave para la disputa jurídica por la mina El Hatillo, que llegó a manos de la JEP

El caso se encuentra en estudio en la Justicia Especial para la Paz debido a que el testigo dio información sobre el papel de los colaboradores de los paramilitares en esta mina.

La mina El Hatillo lleva varios años siendo punto de discusión desde la ciudadanía hasta el Gobierno de Ernesto Samper. Desde el año 1993 comenzó la pelea por el poder sobre quiénes iban a ganar con la explotación del carbón en esta zona del país.

Todo comenzó cuando la Asamblea del Cesar y el entonces gobernador Lucas Gnecco, miembro de un poderoso grupo político y, tiempo después, condenado por corrupción durante su administración, impulsaron diferentes medidas para que el Cesar explotara su potencial en la industria del carbón.

Como respuesta a esta iniciativa, el siguiente año, se creó en la empresa Emcarbón, la cual tuvo como objetivo ejecutar proyectos en esta economía, pero solo empezó a funcionar tres años después, en 1997, luego de que el gobierno de Ernesto Samper le adjudicara de manera directa la mina El Hatillo al nuevo consorcio.

La lucha por el poder solo quedó entre miembros de una familia. En un principio los accionistas fueron miembros de la Cámara de Comercio de Valledupar, la asociación de mineros del departamento y otras empresas y entidades públicas y privadas tanto de orden nacional como regional.

Esta familia terminó siendo los representantes de esta firma luego de realizar acciones irregulares, causando así que se olvidara el propósito inicial de Emcarbón. Este objetivo trataba del beneficio en pro de la población del Cesar, es decir, mantener una amplia y equitativa participación de inversionistas del departamento, especialmente de los sectores productivos tradicionales y por parte del Gobierno colombiano.

Luego de que Emcarbón quedara en manos de dicha familia, desde la comunidad de este departamento se empezó a investigar y trabajar por una disputa jurídica para que, de nuevo, la empresa destinara sus ganancias a la mejora de la industria del carbón en el Cesar.

Este conflicto llegó a la JEP a finales del año pasado luego de que Jaime Blanco Maya, ganadero, le contó a esta entidad detalles sobre cómo él, los paramilitares Hugues Rodríguez, quien trabajó para las AUC como contratista, y Jorge Gnecco Cerchar, y las familias más representativas del Cesar entraron a ser accionistas de Emcarbón.

Según un informe dado por parte del Centro de Memoria Histórica, llamado “Tierra y carbón en la vorágine del gran Magdalena”, se narró sobre cómo, entre 1998 y 2001, Jorge Gnecco Cerchar, hermano del entonces gobernador del Cesar y miembro importante del paramilitarismo, obtuvo las acciones de Emcarbón .

En este documento, se informó que la adjudicación de la mina El Hatillo ocurrió un año después de la incursión paramilitar en el Cesar, operación que fue liderada por Salvatore Mancuso y el entonces ganadero Rodrigo Tovar Pupo, luego conocido como alias “Jorge 40”, quien fue jefe del Bloque Norte de las AUC.

El diario regional El Pilón publicó ayer, en su versión impresa, un documento en el que se reveló la relación de capítulos claves del conflicto armado colombiano con la adjudicación de la empresa Emcarbón en esa época.

Además, dentro de este documento se encuentra una acción popular presentada por la Gobernación del departamento mencionado contra varias empresas carboníferas del sector, con la cual se pretende recuperar el control accionario de la mina El Hatillo.

Este proceso, que comenzó hace casi cinco años, tiene a los líderes de la industria en una encrucijada ya que estos empresarios deben dar explicaciones sobre dichos negocios. Por otro lado, los miembros de la familia que acogieron las acciones de Emcarbón denunciaron que, tiempo después, fueron obligados, por parte del clan Castaño, de vender sus acciones.

Estas dos denuncias se encuentra en el mismo archivo ya que el juez del caso determinó que ambas acciones tienen “pretensiones conexas”, es decir, que las acciones serán trabajas en conjunto. Una de las familias que interpuso la denuncia se encuentran los hermanos Oñate Martínez, parientes lejanos del recien fallecido cantante vallenato Jorge Oñate.

En esta historia aparece Edgardo Percy Diazgranados, gerente de la mina La Jagua y alto directivo de la empresa Carbones del Caribe en esa época (2001). Su nombre aparece en una gran cantidad de acciones Emcarbón.

De acuerdo con lo anterior más la información del documento del Centro de Memoria Histórica, para el 2001, Carbones del Caribe apareció con más de 7.000 acciones; en 2006 ya tenía casi 26.000 acciones y en 2010 ya controlaba el 95 % de Emcarbón.

Ocho años después de controlar casi todas las acciones de Emcarbón, el gerente de la mina La Jagua, fue detenido por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado; uno de los casos por los que fue capturado, es que tuvo relación con el desplazamiento de campesinos en Becerril por parte de paramilitares. Y, hasta la fecha, no se conoce de una condena en contra de Diazgranados.

Por otro lado, el suegro de Diazgranados, Juan Manuel Ruiseco, quien fue el director de Carbones del Caribe y presidente del Grupo Argos entre los años 1999 y 2003, se encuentra investigado porque su empresa del Caribe había comprado tierras de campesinos amenazados por paramilitares, de acuerdo con información del portal Verdad Abierta.

Juan Manuel Ruiseco es un reconocido empresario, quien fue pieza fundamental para las administraciones del clan Char en Barranquilla en su plan de expansión de infraestructura urbana de la capital del Atlántico, Barranquilla.

Según información adquirida por parte del periódico El Espectador, los demandados en la acción popular, es decir, las empresas Ruiseco, Argos y Colombian Natural Resources, entre otras, terminaron interpusieron un recurso de reposición contra la decisión del juez en el caso de acumular las acciones populares.

Los representantes de estas empresas le han dicho en varias ocasiones al juez del caso que “no hubo maniobras ilegales en la compra de acciones de Emcarbón”, que tampoco tuvieron nexos con paramilitares y que “desconocen las supuestas presiones de las Autodefensas a los antiguos accionistas de El Hatillo y de las relaciones que hayan tenido o no otros socios con las Auc”.

Los abogados de Ruiseco le informaron al medio bogotano que: “No es cierto, mi mandante rechaza categóricamente la forma tendenciosa y temeraria usada por la Gobernación para atribuir algún tipo de conducta reprochable a Carbones del Caribe (...) No se entiende cómo de la composición accionaria se llega a concluir que Carbones del Caribe tuvo relaciones con grupos al margen de la ley.”

Y por parte de Colombian Natural Resources, esta empresa habló con dicho periódico en el que informó que “no existía siquiera en los años en los que la demanda dice que ocurrieron los hechos irregulares, ha llegado, de buena fe, que la demanda no cuestiona, a ser propietaria de los derechos que constan en el título minero. Lo logró gracias no solo a un contrato de cesión, sino, además, al acto administrativo de autorización que dio Ingeominas, hoy conocido como Servicio Geológico Colombiano. CNR, por lo tanto, es ajena a cualquier acto u omisión de los propietarios anteriores de tal título”.

Y, también añadió, que “la Gobernación pretende solucionar controversias relativas a la validez de ciertas ventas de acciones, enajenaciones y cesiones de derechos. Lo hace sin una identificación suficiente de cada acto o negocio jurídico impugnado y sin un relato particular sobre los vicios que cada uno de los contratos pudo tener (...), pide la declaración de nulidad de contratos de diversa clase y entre diversas partes, entre los cuales solo se identifica el contrato original de adjudicación de El Hatillo, y sin relatar tampoco las específicas circunstancias viciosas en las que pudieron ocurrir los demás”.

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