Congresistas de Colombia querían camionetas blindadas nuevas y la UNP les dijo que no

Ante la División de Servicios de la Cámara de Representantes, varios legisladores pidieron vehículos nuevos marca Toyota Prado TX y TXL. La autoridad respondió que no hay disponibilidad.

Foto de archivo. Legisladores colombianos debaten un proyecto de reforma tributaria en la sede del Congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Legisladores colombianos debaten un proyecto de reforma tributaria en la sede del Congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González

El parque automotor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad del Estado responsable por la seguridad de funcionarios, legisladores, líderes sociales y personas vulnerables; es amplio y tiene altos costos para el país por su mantenimiento, almacenamiento y operación.

Para el año anterior, de acuerdo con la Resolución 0001 de 2020, el presupuesto total de la UNP fue de más de 939.365 millones pesos. Para alquileres, que en muchas ocasiones es la modalidad en la que se dispone de vehículos blindados, Infobae determinó que el dinero destinado fue de más de 226.786 millones de pesos; es decir, cerca del 25% del total de los recursos.

De acuerdo con José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, el presupuesto para líderes vulnerables de la UNP es de tan solo 250.000 dólares, es decir, cerca de 911 millones de pesos.

Los congresistas, quienes son una de las poblaciones objeto de esquemas de seguridad por considerarse en riesgo, acceden a automóviles blindados. Sin embargo, tal como reveló El Espectador, varios aforados le pidieron a la División de Servicios de la Cámara de Representantes que se les renovara las camionetas por unas modelo 2020 o más recientes.

El pasado 24 de febrero, en plena crisis económica por la pandemia del COVID-19, se hizo la petición y el mismo día, Juan José Gómez Vélez, jefe de la división que las solicitó, recibió la negativa de la UNP. De acuerdo con la misiva, se llevó a cabo una reunión en la sala de juntas de la Secretaría General en la que se determinó que no había disponibilidad de vehículos Toyota Prado TX y TXL modelo 2020 en adelante.

“Respetuosamente me dirijo a usted con el propósito de informarle que, de acuerdo con la información suministrada por los operadores privados de seguridad con los que la UNP contrata el arrendamiento de este tipo de vehículos, a la fecha y hasta julio de 2021 no habrá disponibilidad para la implementación de estos (...)”, reza el mensaje de la autoridad, el cual justifica la ausencia de los vehículos con la suspensión de importaciones por la pandemia.

Toyota Prado TX, la referencia solicitada por los congresistas. Foto: Bogotá Rent a Car
Toyota Prado TX, la referencia solicitada por los congresistas. Foto: Bogotá Rent a Car

Infobae cotizó camionetas Toyota Prado de referencia TX blindadas en alquiler y determinó que los precios en empresas de renta de automóviles particulares en Colombia inicia desde los 445.000 pesos y asciende hasta los 630.000 pesos diarios. Es decir, el alquiler de cada vehículo costaría cerca de 18 millones de pesos mensuales y, anualmente, se deberá pagar a la empresa más de 226 millones de pesos. Una camioneta blindada del tipo que piden los congresistas sería, según la cifra de Vivanco, cerca del 24% del presupuesto para líderes sociales.

Por medio de la circular interna número 059, conocida por El Espectador, Gómez le envió a los aforados el ‘no por ahora’ de la UNP. En la carta, con fecha del 26 de febrero de 2021, adjuntó el mensaje enviado por la autoridad, explicando que aún no se podrá acceder a los vehículos solicitados.

Carta de Juan José Gómez notificando a los congresistas. Foto: El Espectador
Carta de Juan José Gómez notificando a los congresistas. Foto: El Espectador

“En virtud de lo anterior, durante el primer semestre de la actual vigencia fiscal no podrán tramitarse solicitudes de cambio de automotores”, expresó Gómez Vélez mediante una carta que firma al pie de página.

A principios de pandemia, Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes, planteó que la suspensión del pago del alquiler de dichos vehículos a los congresistas sería una buena medida de austeridad ante el gasto por la emergencia.


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