Por las minas antipersona, 2.000 indígenas de Antioquia permanecen confinados

Los últimos días han sido de angustia e incertidumbre para cerca de 2.000 indígenas de Antioquia, que permanecen confinados tras la instalación de minas antipersonal en los territorios, anunciada por integrantes de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quienes temen salir de sus hogares son familias emberá eyábida de los resguardos Rio Murindó y Rio Chageradó, del municipio de Murindó. Las minas antipersonas habrían sido ubicadas en el camino que conecta a las dos comunidades:

A raíz de las situación que pone en peligro a la población, las comunidades indígenas Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida se declararon en Minga Permanente.

Mediante un comunicado de prensa compartido el 6 de febrero, la OIA exigió al Gobierno nacional convocar con urgencia una misión de acompañamiento a las comunidades afectadas, a la par que solicitó ayuda humanitaria, debido al desabastecimiento.

Murindó, al igual que los demás municipios del Bajo Cauca, se ha visto afectado por presencia de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, los Caparros y disidencias de las Farc, que se disputan el control de esa subregión de Antioquia, un corredor del narcotráfico en el que además hay actividades de minería ilegal.

La alerta de amenazas y presencias de grupos armados que buscan romper “el proceso organizativo de las comunidades”, realizada por las OIA, no es de ahora, sino que viene de mediados de 2019. “Se ha ha venido alertando, sobre la incursión de hombres armados al margen de la ley, en resguardos indígenas de Murindó, Urrao, Dabeiba, Frontino y Vigía del Fuerte”, aseguró la organización.

Lo que hoy acontece en Murindó es un espejo de lo también se vive en Dabeiba, municipio que los últimos días de enero recibieron panfletos en el que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —el mismo Clan del Golfo— les ordenaban no volver a desplazarse hacia los cultivos de pancoger, porque sus vidas estaban en riesgo por las minas. Fueron 26 los resguardos amenazados. Y las denuncias indígenas apuntan que las escuelas, que por la coyuntura de la pandemia han permanecido cerradas, son algunos de los lugares donde se ubican estos artefactos explosivos.

También le puede interesar: