Traer médicos cubanos a Colombia para atender el covid-19 sería una violación de los derechos humanos, asegura eurodiputado

En julio de 2020 se desató la polémica por una carta que empezó a circular en Twitter, gracias a otros personajes de la política del país, en donde se aseguraba que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaba en la búsqueda de traer médicos cubanos a modo de apoyar a los profesionales de la salud de la capital antioqueña. El revuelo que se ocasionó en su momento, volvió a tomar lugar a principios de enero de 2021, cuando puso de nuevo, sobre la mesa, la propuesta de traer médicos extranjeros al país. Javier Nart, diputado del Parlamento Europeo, envió una carta a Quintero, y allí expresó su preocupación por la contratación de médicos y enfermeros cubanos para Medellín.

“Tal y como expone el informe de Naciones Unidas de 6 de noviembre de 2019 que condena a Cuba por esclavitud, trata de personas y trabajo forzado, estas llamadas misiones de internacionalización de médicos cubanos constituirían un delito de lesa humanidad y una forma contemporánea de esclavitud”, escribió el funcionario español a Daniel Quintero, que en repetidas ocasiones ha defendido su idea de traer apoyo internacional a los médicos colombianos.

“A Medellín le ha ido bien por su capacidad de anticiparse. Hay una eventual etapa donde se necesitarán doctores de afuera. Nadie sabe si vamos a llegar a esa fase. Por eso, es mejor enviar de una vez esas solicitudes”, indicó Daniel Quintero Calle que, también agregó que, “de nada me sirve abrir varias unidades de cuidados intensivos, sino no cuento con los especialistas. Qué miedo me da recibir los ventiladores y no contar con las personas que los sepan manejar”.

De acuerdo con lo que explicó Nart, la llegada de médicos cubanos a Colombia afectaría tanto al país como a los profesionales de la salud originarios de esa isla, pues, se verían sometidos a una cantidad de condiciones que no les permitiría vivir en condiciones dignas.

Según lo descrito en la misiva destinada a Quintero, el Código Penal de Cuba, en el artículo 135, asegura que los médicos y enfermeros de misiones de este tipo que deciden no volver a Cuba y deciden dejar sus trabajos, se verían sometidos a pagar penas de hasta 8 años de prisión.

Así mismo, los médicos y enfermeros, que llegarían a Colombia para ayudar a atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus, tendrían recursos económicos escasos para mantenerse en el territorio nacional.

“Se les retienen los contratos, se les confisca más del 75% de los ingresos, lo que no les permite vivir dignamente, se les hace trabajar más de 64 horas semanales (160% del máximo autorizado por la OIT), tienen restringida y vigilada la libertad de movimiento y el derecho a la privacidad o las comunicaciones con personas nacionales o extranjera”, añadió en el documento de dos páginas, el diputado del Parlamento Europeo.

Estas advertencias, hechas por Javier Nart, se unen a un último párrafo en el que se insiste, que, por si fuera poco, los profesionales de la salud cubanos han reportado que han recibido “amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino y las mujeres médicas sufrir acoso sexual, entre muchas otras violaciones”.

En su conclusión, el diputado le pidió al alcalde reconsiderar la idea que tiene en mente respecto a la llegada de médicos extranjeros a Colombia pues, concluyó que, “la salud de su población no puede basarse en la violación de los derechos humanos”.