ONU propone temas prioritarios para reforzar el proceso de paz en Colombia

Llegando a su quinto año de implementación, la Misión de Verificación de la ONU hizo un balance de lo sucedido en el tercer trimestre de 2020 con respecto a la seguridad de los excombatientes y con lo que se viene para la justicia y la verdad en el marco del conflicto armado.

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En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que contempla el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un balance evaluando el proceso de paz en materia de seguridad y de reincorporación de excombatientes e identificó cinco prioridades en las que debe trabajar el Gobierno y algunas entidades para seguir implementando los acuerdos.

El informe inicia haciendo un reconocimiento de la reducción en los niveles de violencia, la ampliación de la democracia, los logros en materia de reincorporación de exguerrilleros, además de exaltar el trabajo de la justicia transicional y el inicio de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). “Los avances en el proceso de reincorporación y en los PDET deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, dijo Guterres.

Sin embargo, expresó su preocupación y determinó como primera prioridad la seguridad de los y las excombatientes del Acuerdo, comunidades afectadas por el conflicto armado, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además exaltó que a causa de la violencia, los exguerrilleros convocaron la Peregrinación por la Vida y la Paz, que se llevó a cabo a finales de octubre e inicios de noviembre, motivada por los 248 asesinatos de exfarc que ha reportado la Misión, de los cuales 21 se dieron en el periodo de estudio de este informe. Dentro de este primer punto, el Secretario denunció que los grupos disidentes de las Farc-EP están aprovechando la ausencia del Estado en el Meta, Caquetá y el Guaviare para sabotear, amenazar y atacar los proyectos económicos de los excombatientes, al igual que sus iniciativas políticas y sociales.

También resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por buscar garantías de seguridad para esta población, como la audiencia convocada para revisar los avances en este tema con los principales ministerios de Gobierno y explicó que a pesar de las inversiones que han hecho a la Unidad Nacional de Protección (UNP), no se han contratado más escoltas para cubrir la falencia de seguridad.

Como segunda prioridad, el secretario pide apoyar aun más los proyectos productivos de los exguerrilleros, a través de asistencia técnica fortalecida y mayor acceso a mercados, además de incitar a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y pidió que se revisen los desafíos en materia de seguridad que tienen los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) ya que la Misión ha podido identificar que sufren de mayores niveles de violencia. También pide que se garantice la compra y adquisición de los terrenos y viviendas que el presidente Iván Duque prometió acelerar para entregarles.

El tercer punto es la presencia del Estado en las zonas más afectadas del conflicto armado. El Secretario explica que para garantizar una paz estable y duradera es necesario cerrar la brecha de la presencia estatal entre zonas urbanas y rurales por lo que destaca los tres mecanismos creados por el Acuerdo de Paz para esto: los PDET, que busca infraestructura y servicios para las comunidades afectadas; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que brinda otras opciones para que las familias puedan dejar a un lado el aporte al negocio del narcotráfico.

Para el Guterres, el diálogo entre el Gobierno y los exfarc debe ser constante y constructivo, por eso lo determina como su cuarta prioridad, ya que de esto depende la implementación del Acuerdo de Paz. Resalta que aunque ha habido encuentros a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), esta no se ha dado con seriedad por parte de algunos altos mandos del Gobierno que usualmente no asisten a las reuniones.

“Es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades, que todas las instituciones cooperen plenamente con los tres componentes del Sistema, y que la sociedad colombiana brinde su pleno apoyo al Sistema para que pueda continuar contribuyendo a la reconciliación”, afirmó el Secretario refiriéndose a la JEP, la Comisión de la Verdad, que se encarga de analizar y recuperar testimonios del conflicto para el informe final y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPDD), siendo esta su última prioridad: fortalecer las condiciones para la reconciliación a través, también, del Consejo Nacional de Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además resaltó la labor de la UBPDD al encontrar personas vivas en su proceso de resarcir el daño a las familias.

Finalmente resaltó que el Gobierno Duque pedirá la ampliación del mandato de la Misión de Verificación en el país para hacerle seguimiento a las primeras sanciones que emitirá la JEP a mediados de 2021 contra los responsables por actos cometidos en el conflicto armado. “Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluyó el Secretario General.

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