Víctimas de reclutamiento forzado insisten en el pago de la reparación

Lo que parece una obligación del Estado, se está convirtiendo en un proceso largo y de rogar por parte de las víctimas de reclutamiento forzado en el país. El diario El Espectador recogió algunos testimonios de personas que fueron reclutadas por las Farc cuando eran menores de edad y que hoy no han recibido una sola indemnización por parte de la Unidad de Víctimas, entidad encargada de repararlos.

Así es el caso de Jhon Fredy Triana, quien fue reclutado por el frente 44 de las Farc cuando tenía 10 años. En ese grupo armado permaneció por tres años y se desvinculó, junto a otros menores, en medio de la Operación Berlín, que se llevó a cabo entre el 19 de noviembre del 2000 y el 5 de enero de 2001. Triana no pudo ir al colegio porque su familia no tenía cómo pagarle la educación y actualmente no ha podido trabajar porque, según el testimonio que dio a El Espectador, se fracturó un hueso del pie y no ha podido recibir los $35 o $40 mil pesos que se ganaba en labores de construcción y en actividades agrícolas. Según le contó al diario, desde 2015 espera que la Unidad de Víctimas lo repare económicamente por haber sido reclutado de manera forzada.

Sin embargo, está a la espera de la respuesta de dicha entidad, pero no para que le paguen, si no para conocer cómo va su proceso gracias a una tutela que ganó, según el fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio. La justicia determinó que Triana había enviado un derecho de petición, de la mano de su abogado, el 13 de diciembre de 2019 para saber el estado de su proceso, pero la Unidad nunca respondió por lo que la jueza Yelitza Moreno Córdoba, determinó que se vulneró su derecho fundamental de petición y ordenó a la Unidad de Víctimas a responder en 48 horas.

El periodista Nicolás Sánchez de El Espectador recoge que el abogado de Triana, Manuel Castro, y quien es director de la ONG IusDigna, que representa a las víctimas, afirmó que la pandemia fue una excusa para no tramitar las solicitudes y por eso interpuso la tutela.

El otro caso que menciona el medio es el de Laura*, una joven que no ha podido, ni siquiera, registrarse como víctima en el Registro Único de Víctimas, ya que no hizo el trámite en los tiempos que puso la ley. Laura dice que en el 2000 la ruta que siguió cuando dejó el grupo armado no le explicó que después de la declaración ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debía hacer una ante la Unidad de Víctimas para ser incluida. Al no haber sido reparada, eso la excluye, al igual que a Jhon Fredy, de derechos a vivienda, mínimo vital, de empezar un proyecto productivo y de una nueva vida.

Esto los ha afectado seriamente en su economía ya que por su condición de desvinculados de las Farc, sufren de rechazo en trabajos. Incluso Laura contó que un señor que la contrató le dijo que si hubiera sabido que era exintegrante de las Farc no la hubiera contratado. El medio especifica que ella estuvo durante varios años en tratamiento por las secuelas que le dejó el reclutamiento del que fue víctima. La joven ahora está a cargo de su mamá y sus dos hijos, por lo que espera que el pago que busca repararla la encuentre rápido.

El Espectador trató de contactarse con la Unidad de Víctimas pero dijeron que no podían dar información de los casos a terceros por la Ley de Habeas Data.

*Nombre cambiado por el medio para proteger su integridad.

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