No hay fecha exacta para el inicio de aspersión aérea, pero Gobierno ya se prepara

Según el ministro, aunque no hay una fecha determinada, ya se están adelantando todos los procesos para reiniciar. Comunidades rechazan glifosato en sus territorios.

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El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo,  habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 27 de noviembre, 2020. REUTERS/Luisa González
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 27 de noviembre, 2020. REUTERS/Luisa González

Este lunes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el Gobierno nacional está gestionando todos los requisitos que exige la Corte Constitucional para dar inicio a la aspersión por vía aérea en Colombia, después de que el alto tribunal suspendiera esta práctica desde 2015. Sin embargo, Trujillo aceptó que, por ahora, no tiene una fecha exacta para el inicio de las operaciones.

“Vamos cumpliendo con todos los requisitos que fueron fijados por la Corte Constitucional y con los requisitos que están definidos en nuestra legislación ambiental (...) todos estos pasos se han venido dando, todas las decisiones que ha tomado el poder judicial en virtud de recursos que han sido presentadas por las comunidades se han atendido, con lo cual, vamos avanzando en este proceso”, dijo el ministro citado por La FM.

La versión de Trujillo contrasta con la del jefe de cartera de Justicia, quien dijo, en días pasados, que en uno o dos meses podría empezar la aspersión de nuevo en Colombia.

Estas declaraciones se dan después de que el pasado sábado 19 de diciembre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) realizara una audiencia pública clave para evaluar con las comunidades directamente implicadas el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato en cultivos ilícitos.

Esta audiencia estaba citada para el 27 de mayo, pero el juzgado segundo administrativo de Pasto la suspendió, porque, aseguró en su momento, no estaban dadas las “garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, y conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015”. Según el documento, no se pueden dar estas audiencias sin demostrar “la posibilidad de acceso y participación masiva de la población”.

Según El Tiempo, la mayor parte de las personas que se inscribieron para participar en la audiencia estaban en contra de la reactivación de esta actividad. Incluso el gobernador de Nariño, Jhon Cabrera, expresó no estar de acuerdo con la fumigación aérea porque ya se uso esa estrategia en el pasado sin éxito. Agregó que la resiembra es mucho menor cuando se realiza la sustitución voluntaria que cuando se usa glifosato, reportó El Tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Paujil, Caquetá, Ludivia Hernández, dijo “nosotros no estamos de acuerdo con los cultivos ilegales, pero debemos buscar la forma de darle a las comunidades la oportunidad de erradicar esos cultivos sin hacerle daño al medio ambiente”, citó El Tiempo.

Por su parte, la Policía Nacional explicó que la fumigación se haría a 100 metros de los cuerpos de agua y que se evaluará el comportamiento del viento para garantizar que las gotas caigan sobre los cultivos. Aclararon que no se practicaría la aspersión en parques naturales u otras zonas protegidas.

Desde el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), representando a otras organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica Social), se manejan otras consideraciones para argumentar que la ANLA no debe otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG).

“Nuestra afirmación parte de un estudio jurídico, tanto del procedimiento de la audiencia como del documento, que podrán conocer en detalle durante y después de la audiencia, y que plantea al menos cinco argumentos”, señaló Dejusticia.

En el primer punto, el Centro expresa que la modificación vulnera la obligación de implementar el Acuerdo de Paz y las órdenes de la Corte Constitucional de respetar una jerarquía entre métodos de eliminación de cultivos, en la cual la fumigación es el último recurso.

Como segundo argumento, indican que este plan no cuenta con información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y caracterizar la aplicación del principio de precaución ambiental. En tercer y cuarto lugar, dicen que el procedimiento de aprobación del Plan de Manejo ambiental tiene problemas estructurales en materia de participación ambiental general y de consulta previa. Lo que ya había sido denunciado por las comunidades y por eso se había aplazado tanto la audiencia.

Tema que se tocó igualmente este sábado cuando un representante dijo que estaba en desacuerdo con que ese espacio se diera virtualmente.