Organizaciones sociales han identificado 85 masacres en lo que va del año

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, señaló que en 21 de los 32 departamentos del país se han registrado masacres, presentándose la mayoría en las zonas rurales.

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Tras asesinarlos, los criminales pusieron sobre los cadáveres un letrero que decía "Los Caparros", nombre de una de las bandas criminales que lucha por el control territorial de la zona. EFE - Ernesto Guzmán Jr - Archivo
Tras asesinarlos, los criminales pusieron sobre los cadáveres un letrero que decía "Los Caparros", nombre de una de las bandas criminales que lucha por el control territorial de la zona. EFE - Ernesto Guzmán Jr - Archivo

A través del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, el presidente de la organización, Camilo González Posso, contabilizó que las masacres no han cesado, ni siquiera por la pandemia y que al contrario, se han incrementado en medio de las restricciones derivadas por la emergencia sanitaria del coronavirus.

“Este año se han registrado 85 masacres en Colombia, tenemos los mayores casos en Antioquia con veinte, sobre todo en el Bajo Cauca, en el norte del Cauca y en la parte sur occidental del departamento van trece masacres, Nariño con nueve y Norte de Santander en la región del Catatumbo con seis, esto es una tragedia constante que no se detiene”, manifestó González Posso.

Asimismo, González Posso señaló que en 21 de los 32 departamentos del país se han registrado masacres, presentándose la mayoría en las zonas rurales. Entre enero y diciembre han fallecido 354 personas en medio de estos hechos.

“La población campesina e indígena y gente de la comunidad son los más afectados; el 85% de las víctimas de las masacres son hombres”, indicó el presidente de Indepaz.

Por su parte, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que este año ha sido uno de los más violentos para los indígenas.

“Este año se han registrado varias masacres en las que las víctimas han sido comunidades indígenas en regiones como el suroccidente y el Pacífico colombiano, donde la guerra y el conflicto se han venido profundizando; en este año, la cifra de asesinatos de indígenas supera las 50 víctimas, realmente es una cifra lamentable y que muestra la realidad de un país que no protege a los pueblos étnicos”, puntualizó Arias.

De hecho, el pasado 3 de diciembre, alrededor de mil indígenas fueron desplazados forzosamente de sus hogares en Bahía Solano, Chocó, luego de que presuntos paramilitares del Clan del Golfo secuestraron y degollaron a un exlíder de la comunidad.

Asimismo, la concejal de Bogotá Ati Quigua expresó que el genocidio contra los indígenas ha aumentado en medio de las restricciones derivadas por el coronavirus. De igual forma, indicó que desde que se firmo el Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 300 indígenas.

“Ya van 316 personas indígenas asesinadas, 75 afrodescendientes del total de líderes sociales ambientales políticos y defensores de Derechos Humanos en Colombia, 850 de estas víctimas han sido asesinadas bajo el gobierno del presidente de Iván Duque”, señaló la concejal.

Respecto a estos lamentables hechos, este martes 15 de diciembre, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó este martes el incremento de la violencia ejercida por grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos”, manifestó la Alta Comisionada.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Estado para tomar acciones concretas que protejan de manera eficaz a la población.

“Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia (...) Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”, puntualizó Bachelet.

Este informe de inmediato generó reacciones de la oposición, que criticó las medidas del Gobierno frente a estos asesinatos y señaló que en realidad las masacres serían más en el país.

“Si la ONU atendiera a la realidad que maquilla Iván Duque, se alarmaría más al saber que son 83 masacres. Este Gobierno financiado por el narcotráfico en campaña ha normalizado la barbarie y la ilegalidad en el territorio, lo cual se traduce en violencia”, aseguró el senador del Polo Alexander López.

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