Del uribismo al progresismo: Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Anibal Gaviria son algunos de los imputados por la Contraloría por el caso Hidroituango

Esta tarde, la Contraloría anunció 28 nombres de los involucrados en un proceso por detrimento de 4,1 billones de pesos en la obra de hidroeléctrica en Antioquia.

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En una rueda de prensa, la Contraloría General de la República dio a conocer los nombres de los imputados en el caso de la hidroeléctrica Hidroituango, ubicada sobre el río Cauca en el departamento de Antioquia. Según se conoció en las últimas horas, entre los imputados destacan los nombres de Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle.

Los resultados, un año después de la apertura del proceso, se deben a un equipo de investigación multidisciplinario en el que intervino la Universidad Nacional de Colombia, colaborando con el análisis de dos terabytes de información pertinente al caso.

Según el ente de control fiscal, estos, y el también exalcalde Alonso Salazar y el exgerente de Empresas Públicas Federico Restrepo, estarían entre las 28 personas responsables por el detrimento de 4,1 billones de pesos de la obra, liderada por las Empresas Públicas de Medellín, y las administraciones del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín.

La Contraloría dividió a los presuntos responsables en 4 grupos: los miembros de las juntas directivas de EPM e Hidroituango, los gerentes de ambas compañías, contratistas y actores externos vigilantes; y alcaldes y gobernadores.

Así, el ente de control fiscal analiza las acciones de los alcaldes y gobernadores desde estas dos ópticas: como alcalde y gobernador, y como miembros de la junta directiva de ambas organizaciones.

En total han sido imputados dos exgobernadores, dos exalcaldes, dos exgerentes de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y dos exgerentes del proyecto Hidroituango.

Entre los implicados, también se encuentran miembros de la Junta Directiva de la hidroeléctrica, funcionarios de Empresas Públicas y empleados las empresas privadas a las que se les adjudicaron las obras del macroproyecto, como el consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consorcio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión). En total, la Contraloría imputará cargos a 28 personas, naturales y jurídicas.

De otro lado, el órgano de control decidió archivar la investigación al exgerente de EPM Jorge Londoño De La Cuesta, Jesús Alfonso Jaramillo, exsecretario privado de la Gobernación de Antioquia; Sebastián Álvarez, exsecretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Medellín; Wilson Chinchilla, exrepresentante de EPM en la junta directiva de Hidroituango; Hugo Mora, funcionario del IDEA, y la empresa Gestión y Auditoría Especializada. Además, se destaca la falta de responsabilidad del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a pesar de que el desastre causado en zonas aledañas al proyecto que casi resulta en tragedia nacional, en 2018, sucedió durante su administración.

La Contraloría General de la República inició el año pasado, por petición de la veeduría ciudadana nacional Recursos Sagrados, un proceso de control excepcional de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, y calculó que el daño fiscal sería de $4 billones: $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados y $1,1 billones por lucro cesante.

“No hemos dado margen alguno a la improvisación e, incluso, nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos”, dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba, en entrevista con el diario La República. “Si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones”, agregó el funcionario.

Las imputaciones dadas a conocer este jueves no infieren culpabilidad de los presuntos responsables son culpables, pues la responsabilidad fiscal implica una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal, elementos que deben ser probados para que la Controlaría proceda a expedir un fallo, sea este condenatorio o absolutorio.

La institución afirmó que no se tratan de casos de corrupción, sino de procesos en los que se tomaron decisiones desacertadas por parte de los dirigentes de la obra. Por esto, se decidió acelerar el proceso en varios aspectos y, por esto, se incurrió en errores y sobrecostos.

El proceso, abierto desde el 19 de noviembre del año pasado, no tiene una fecha fija de resolución, pero el contralor General, Felipe Córdoba, estima que en año y medio se puedan tener resultados finales de la indagación. Según la institución, las medidas cautelares impuestas durante la investigación son objeto de reserva.

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