Madres de Soacha interponen tutela para que el general (r) Mario Montoya salga de la JEP

Las víctimas de los ‘falsos positivos’ y diez organizaciones de derechos humanos radicaron la tutela en la JEP para que el oficial retirado sea expulsado de los procesos del alto tribunal.

María Sanabria con la foto de su hijo. Foto: OXFAM (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre) / General (r) Mario Montoya. Foto: EFE.
María Sanabria con la foto de su hijo. Foto: OXFAM (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre) / General (r) Mario Montoya. Foto: EFE.

La tutela, interpuesta por 35 víctimas de los ‘falsos positivos’ y 10 organizaciones de derechos humanos, será recibida por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El objetivo de la garantía constitucional es excluir al excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, de la Jurisdicción. En compañía de sus representantes, alegan que, después de 249 días de radicada la primera solicitud, no han recibido respuesta de la institución.

El documento señala que se han vulnerado los derechos al debido proceso de las víctimas al no tomarse las acciones correspondientes en el tiempo adecuado, desatendiendo la administración porta de la justicia, señala BluRadio. Además, asegura la tutela, que la JEP ha incurrido en omisiones al no haber tomado acciones en el caso del general (r) Montoya, quien rindió su versión voluntaria el 12 y 13 de febrero y justificó, según el documento, su accionar durante su comandancia en el Ejército. También recalcan que el general manifestó reiteradas veces su derecho a guardar silencio durante el proceso. Por ello, las víctimas exigieron el retiro del general ante la JEP, pues no aportó a la verdad plena y negó “hechos notorios”. Además, argumentan que el general (r) Montoya tampoco ha contribuido para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ante la Comisión de la Verdad

Asimismo, según El Tiempo, las víctimas acreditadas alegan que el general, pese a las pruebas, declaró que las irregularidades en las operaciones militares fueron obtenidas después de los hechos, un momento en el cual decidieron tomar las medidas correspondientes para que no se repitieran.

Pese a que el oficial en retiró se vinculó a la JEP y, con ello, adquirió el compromiso de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a asumir la responsabilidad de sus acciones cuando se desempeñaba como comandante del Ejército, los tutelantes reiteran que su testimonio demuestra poco interés y colaboración para resolver el macrocaso que adelanta la institución.

El documento también expone que la petición de excluir al general (r) Montoya de la Jurisdicción fue retirada el 30 de septiembre, pues no se adelantó ningún trámite. En esa ocasión destacaron que el actuar “negacionista es revictimizante y va en contraria de las pruebas aportadas por las víctimas, los informes de organismos internacionales, las pruebas recaudadas por la Fiscalía General y las múltiples versiones que señalan su responsabilidad”, citó El Tiempo. Además, las declaraciones del general son contrarias a las versiones dadas por sus subalternos, incluidos dos coroneles y un mayor.

De igual forma, consignan en el documento que la JEP no debe permitir que, quienes no han asumido su compromiso con la verdad y las víctimas, gocen de beneficios “como rebajas de penas y no privación de la libertad”. Califican su actuar como “un fraude a la verdad plena” y por ello es necesario que sea procesado por la justicia ordinaria o internacional.

La apertura del macrocaso 03 de la JEP se dio a partir del informe número cinco presentado por la Fiscalía General de la Nación y a los diez listados, que incluyen a 1.944 miembros de la fuerza pública, entregados por el Ministerio de Defensa Nacional. El informe señala que los ‘falsos positivos’ aumentaron a partir del año 2002 y tuvo su etapa más critica entre 2006 y 2008.

Según la JEP, las víctimas de este delito fueron inicialmente habitantes rurales de 29 de los 32 departamos del país, aunque posteriormente se replicó en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condición de discapacidad. Además, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) aseguró que los casos de ‘ejecuciones extrajudiciales’ alcanzaron los 1.741 entre 1984 y 2011.