Por corrupción, abren juicio disciplinario a excomandate de la Policía de Caldas

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al coronel Necton Lincon Borja Miranda, por el aparente uso de los vehículos de la entidad para diligencias personales. Aparentemente, el oficial empleó funcionarios y bienes públicos, como vehículos, combustible y chip de peajes, para el traslado de materiales a una finca de su propiedad en el Meta.

Según RCN Radio, el ente regulador afirmó en los expedientes que el uniformado de alto rango utilizó, del 30 de enero al 3 de febrero, del 10 al 13 de abril, del 19 al 25 de julio y del 4 al 23 de agosto de 2018, un camión de la entidad, de color blanco, con placas VBJ659, con su respectivo conductor, para “el transporte de materiales de construcción a la finca Horizonte, en Restrepo, Meta, de su propiedad”.

Además, la Procuraduría señaló que, durante dichos viajes, el coronel Borja utilizó la exención de pago de peaje y del chip, con el que se suministró 480,2 galones de combustible, cuantificados en $3´705.013,90. Las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo por parte del ente de control.

“Se habrían utilizado órdenes de servicio en las que se afirmó que el patrullero Barrera debía recoger material de intendencia en Bogotá y el municipio de Restrepo. Con esta conducta el entonces comandante del Departamento de Policía Caldas podría haber incurrido en la falta gravísima”, aseveró la Procuraduría.

Así mismo, el ente ordenó investigar al actual comandante del Departamento de Policía Caldas; al teniente coronel Marco Antonio González Triana, subcomandante entre el 22 de marzo de 2018 y el 16 de abril de 2019; al subcomisario Nelson Cardoso Leal, quien fue Jefe Administrativo del comando; al intendente Carlos Arturo Correa Castro, responsable de Movilidad; al patrullero Sancarabín Barrera Bolívar, conductor de la Jefatura Administrativa DECAL desde el 19 de marzo de 2015, tras conocerse que el trámite que le había dado la institución a este proceso tuvo origen en un informe de contrainteligencia.

En medio de la investigación, se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe el inicio de un proceso penal.

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