El salario de las mujeres en Colombia es 12.1% menor que el de los hombres

ONU Mujeres, Consejería Presidencial para Mujer y Dane advierten que la participación femenina en el mercado laboral sucede en condiciones de desigualdad salarial, aún cuando el nivel educativo entre mujeres y hombres es igual.

(Shutterstock)
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De acuerdo con los resultados del libro ‘Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia’, lanzado este 10 de noviembre, entre ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Mujer (CPEM), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las mujeres en Colombia reciben menos salario que los hombres.

Según los registros del Departamento Nacional de Estadística (Dane), en 2018 las mujeres percibieron un 87.9 % de lo que ganaron los hombres, es decir, ganaron un 12.1% menos que ellos aún teniendo el mismo grado de escolaridad. Además las mujeres trabajan, en promedio, 2 horas con 10 minutos más que los hombres.

El libro advierte que, si bien ha aumentado la inserción de las mujeres al mercado laboral, en muchos casos ellas están trabajando en jornadas dobles y el ingreso laboral promedio mensual de las mujeres trabajadoras y cuidadoras es 27% menor que el de los hombres que también realizan ambas actividades.

Aunque las cifras del Ministerio de Educación indican que en todos los años transcurridos, de 2001 a 2018, el número de mujeres que se graduó fue mayor que el número de hombres, los logros educativos de las mujeres colombianas no necesariamente se traducen en una mayor inserción laboral ni en una mejor calidad de los empleos a los que se incorporan, ni en su posibilidad de acceso a los cargos de decisión privada y pública.

En 2018 por cada 100 hombres que se graduaron, 127 mujeres lo hicieron. Sin embargo, las mujeres sin escolaridad perciben un 37.5% menos salario que los hombres con el mismo nivel educativo y la brecha persiste aún en niveles educativos altos. Las mujeres con estudios universitarios reciben un 18.8% menos que los hombres con estudios de este nivel.

En muchas ocasiones incluso es recurrente ver que hay mujeres que tienen que combinar fuertes cargas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerados junto a sus actividades de estudio, para así poder costear todas sus obligaciones. Aún así, al llegar al mercado laboral, reciben un pago menor por su trabajo.

Si bien en los espacios de poder hay participación notable en Colombia al tener como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez y como alcaldesa de Bogotá a Claudia López, las mujeres enfrentan barreras importantes en términos de financiación, lugar en la lista, acceso a medios y otros aspectos por los que terminan subrepresentadas, como es el caso del Congreso, las gobernaciones y las alcaldías.

Según el libro, la participación de las mujeres en la toma de decisiones presenta progresos. En cargos de la administración pública, las mujeres ocupan el 44.7% de los cargos directivos y el 42.7% de los cargos de máximo nivel decisorio, por ejemplo, la mitad de los ministerios colombianos son dirigidos por mujeres.

No obstante, en los cargos de elección popular aún hay rezago, salvo por la elección de la Alcaldía de Bogotá, pues solo el el 19.7% de los escaños del Congreso son ocupados por mujeres. El Congreso mismo ha debatido en la última década al menos cinco reformas político-electorales –tanto constitucionales, como legales– y de reglamentación para que haya una paridad en términos de género a la hora de presentar las listas parlamentarias.

¿Cómo reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres?

A pesar de que las mujeres representan el 51% de la población colombiana, aproximadamente el 40% de la población femenina está ocupada en actividades que no necesariamente reconocen su nivel educativo dentro de la estructura salarial.

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, habría que reducir el estereotipo o estigma de la mujer como responsable el oficio en la casa y las labores de aseo. La formación de niños y adolescentes no tendría que ser ajena en la eliminación de dicho estereotipo.

Además, las actividades económicas también deben reconocerse con un alto valor social y de dignidad a través de políticas públicas que permitan evidenciar la importancia.

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