Denuncian que un fungicida acabó con cultivos de campesinos en Cundinamarca y los dejó al borde de la ruina

Plantas marchitas, productos arruinados y daños en los suelos son algunos de los males que ha causado el fungicida Zimcarben 500 SC, de los Laboratorios Chalver, según lo denunciaron más de 40 campesinos de Cáqueza, Fusagasugá y Cabrera, Cundinamarca. Los afectados señalan que llevaban dos años utilizando el producto pero a inicios de este año un lote del mismo echó abajo sus proyectos y no han podido cultivar durante la pandemia; calculan que las pérdidas serían de 1.980 millones de pesos.

“Los frutos se empezaron a deformar y tomar mal color, hasta tal punto que no sirven para la comercialización”, señaló uno de los afectados, Carlos Sepúlveda, en declaraciones recopiladas por Noticias Uno. “A las diez horas, las plantas empezaron a marchitar el cogollo”, relató Andrés Huertos, otro de los agricultores golpeado por los efectos del fungicida.

Decidieron unirse para hacer un estudio especializado, de la mano del Laboratorio Primoris, que evidenció que el Zimcarben 500 SC tiene dentro de sus componentes herbicidas hormonales que serían los responsables de la pérdida de los cultivos.

Laboratorios Chalver salió al paso de las acusaciones y sostuvo que su producto no tiene nada que ver con los daños en los cultivos cundinamarqueses y aseguró que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) finalizó la investigación correspondiente; afirmación que contradijo la entidad luego de señalar que continúan haciendo las pruebas correspondientes de los componentes del fungicida.

“Estamos verificando si el producto está dentro de las especificaciones que han sido aprobadas en la etiqueta y estamos en contacto permanente con el laboratorio titular del registro”, manifestó Jaime Cárdenas, subgerente de protección vegetal de la entidad. Indicó que en los primeros estudios aplicaron el doble de la dosis recomendada en tomates y notaron que los resultados de toxicidad fueron negativos, también se dieron cuenta de que el fungicida era usado en cultivos en los que no se puede.

Los campesinos interpusieron denuncias ante la Procuraduría contra los funcionarios del ICA, Gilma Sandra Molina y Gustavo Arévalo, por la vulneración de sus derechos. Las irregularidades de la entidad a cargo de los estudios y las respuestas de Chalver fueron algunas de las razones por las que iniciaron procedimientos legales y buscan reparación por vía judicial.

“No sé a quién podemos pedirle el favor de que nos colabore con este problema. Ya no se puede sembrar más; por ejemplo, aquí, donde tenía mi habichuela, no puedo sembrar nada”, puntualizó Milton Fernández, uno de los campesinos de la región que sufrió los estragos del fungicida y que no entiende las razones por las que lo siguen comercializando.