La batalla legal entre Cepeda y Uribe ahora es internacional: 'Free Uribe’, la OEA y el Congreso estadounidense intervienen

Congresistas republicanos y grandes lobbistas estadounidenses han intervenido en el futuro del caso. Ahora, la OEA designa secretario jurídico para monitorear el caso.

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La disputa legal entre el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y el senador Iván Cepeda ha trascendido las fronteras del país. Varios sectores políticos y organizaciones internacionales han puesto en duda las garantías de debido proceso y las acciones previas de las partes en territorio estadounidense.

Todo comenzó con la aparición del movimiento Free Uribe, que desde una página web que expresaba su adhesión a las ideas del líder de derecha y se autodefinía como un recurso informativo central sobre la “detención arbitraria” del expresidente. La página, con contenido en inglés, le apuntaba a un público internacional y no a informar al colombiano promedio, para así tomar por sus propias manos el contenido informativo que recibía la comunidad internacional.

Según Cepeda, el sitio pretendía llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra. Posterior a la inauguración del portal, el exsenador fue puesto en libertad por la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, debido a que la Corte Suprema de Justicia optó por trasladar el caso por la renuncia de Uribe al Senado.

Antes de la liberación del exsenador, quien se encontraba recluido en su finca ‘El Ubérrimo’, en Estados Unidos se movían fichas a favor del polémico expresidente de Colombia, según reporta revista Semana. El congresista republicano Mario Díaz-Balart, del estado de Florida, solicitó respuestas a William Barr, fiscal general de Estados Unidos, con respecto a una visita que el senador Cepeda hizo en 2009 para conversar con exparamilitados recluidos en ese país. La visita se habría realizado como seguimiento del progreso de la Ley de Justicia y Paz, la que desmovilizó a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La intención para indagar a Cepeda se centra en que Díaz-Balart sospecha que el senador habló con Juan Carlos “El Tuso” Sierra con el fin de persuadirlo para que incriminara al expresidente Uribe. Sierra testificaría en contra del exsenador a cambio de asilo político en Suiza para él y para su familia, según la sospecha del congresista republicano, cuenta Semana en su edición de este sábado.

Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes acompañaron a Cepeda en la visita a los presos colombianos, aseguran que dicho ofrecimiento no ocurrió. La evidencia de los senadores no fue suficiente para el uribismo, ya que los apoderados del expresidente, Víctor Mosquera y Hans Burgos, solicitaron que se investigaran los hechos.

Según estableció Semana, detrás de la campaña de expectativa a la liberación del expresidente estaba un fuerte lobbista estadounidense orquestado una limpieza de imagen. Connie Mack, excongresista republicano que impulsa causas por millonarias sumas, fue panelista de una conferencia de prensa convocada por el movimiento Free Uribe. En ese esfuerzo, Mack enumeró las razones por las que Cepeda sería “el principal aliado político de las FARC”. Por esto, según el acta del contrato entre su consultora y Álvaro Uribe, el costo de manejo del portal del movimiento uribista sería de 15.000 dólares mensuales, además de otro acuerdo con una empresa a nombre de Tomás Uribe (31416 S. A. S) por 40.000 dólares mensuales.

Anterior a esto, Mack ya habría hecho un esfuerzo de limpieza de nombres con Luis Fernando Andrade, implicado en el escándalo de Odebrecht, por 150.000 entre 2018 y 2019.

Cepeda también se comunicó con el fiscal Barr, mediante dos cartas, para solicitar la investigación de Diego Cadena. A su vez, alertó al secretario de Estado, Mike Pompeo y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia por una presunta responsabilidad de Cadena en delitos de narcotráfico.

La intervención de la OEA

Los apoderados de Álvaro Uribe se reunieron esta semana con la cúpula de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar un acompañamiento al proceso, que, según ellos, ha incurrido en prácticas injustas contra el exmandatario. Ante la petición, la organización designó a su secretario jurídico para la tarea.

“Agradecemos al Secretario General de la OEA que haya designado al secretario jurídico de la OEA para hacer seguimiento al proceso y por disponer que se envíe la información suministrada a la CIDH que comporta violaciones a garantías judiciales”, afirmó Víctor Mosquera, uno de los apoderados de Uribe.

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