No hay ambiente en el Congreso para ratificar Tratado de Escazú

Pese a que el gobierno del Presidente Iván Duque tramitó mensaje de emergencia, con lo que mostró un respaldo decidido al Tratado de Escazú en medio de las manifestaciones de la Minga Indígena, el proyecto no contaría con los votos suficientes para ser aprobado en las sesiones virtuales del Congreso de la República. De hecho, la percepción que se tiene de él en las comisiones segunda tanto de Senado como de Cámara es de poca acogida a este tratado medio-ambiental que necesita la ratificación de 11 de los 24 países firmantes para que sea implementado en la región.

El documento final acordado en Escazú, ciudad de Costa Rica, al parecer estaría enfrentando uno de sus momentos más críticos en torno al consenso de las naciones firmantes, que se retractan o dilatan las discusiones necesarias para su aprobación.

Por ejemplo, Chile, uno de sus impulsores, no lo ha firmado por su presidente, y Perú no lo ratificó. En Colombia, las dilatadas agendas para convocar audiencias públicas, son percibidas como maniobras de la bancada oficialista para enfriar la urgencia de un tema que, desde 2019, y gracias a las marchas sociales de ese año, se volvió prioridad para el gobierno. Ambas comisiones citaron sus respectivas audiencias y han pospuesto al menos cuatro veces los inicios de las discusiones formales para tramitar el articulado.

Todo esto mientras desde Presidencia se envían señales de urgencia que no tienen eco entre los congresistas. Al mismo tiempo, los gremios que han acudido a las audiencias han mostrado su desacuerdo, lo que se traduce en presión para dejar que el Tratado se hunda en medio de la indiferencia calculada de las bancadas de gobierno.

El Tratado de Escazú es una de las herramientas más importantes para la preservación del medioambiente en la región, cuyo objetivo es impulsar el acceso a la información ambiental, la participación pública en toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Su carácter vinculante, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), lo vuelve un instrumento pionero que logró en su momento el consenso regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además de lo anterior, es único dado que contiene disposiciones específicas que atañen a la protección de la vida para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Pese a su importancia, su trámite está empantanado. Figuras como Antonio Sanguino, del Partido Verde, llamó la atención de las mesas directivas sobre la lentitud con la que se gestionan las agendas acerca del Tratado. Invocando el Estatuto de la Oposición, demanda “no dilatar más la presentación del proyecto de ley que llegó al Congreso con mensaje de urgencia y que ha sido respaldado por más de 130 organizaciones ambientales, activistas y defensores ambientales”.

El mismo Sanguino ha llamado la atención de cómo posiblemente sea el gobierno quien esté detrás de las cancelaciones de 4 audiencias y la demora en trabajar sobre el articulado.

En declaraciones para El Espectador, afirma que “paradójicamente la oposición respalda al Gobierno y la oposición viene de su bancada. No sabemos si el Gobierno se está lavando las manos”.

Mientras los senadores acuden al Estatuto de Oposición para consolidar una audiencia en la primera semana de noviembre, María Fernanda Cabal, Senadora por el Centro Democrático, promueve un video de 21 minutos en el que critica al Tratado como una muestra de “pérdida de la soberanía" e impulsa el #NoAEscazú entre sus seguidores de Twitter, con lo que promueve una corriente de opinión que rechaza de plano este acuerdo, esencial para el medioambiente colombiano.