“Solo el 25% de los recursos para resguardos indígenas se manejaron de manera apropiada”: Contraloría

El ente de control emitió 156 hallazgos fiscales por más de $16.700 millones.

Foto: REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto: REUTERS/Luis Jaime Acosta

Así lo dio a conocer el informe la Contraloría General de la República, que realizó un proceso de fiscalización a los más de $1,04 billones del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas de Colombia, durante las vigencias de 2015 a 30 de junio de 2019.

En el proceso, el ente veedor, encontró 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones de pesos que, advierte la Contraloría, dan cuenta de la gravedad del problema que significa el manejo de estos recursos.

Según el informe de la Contraloría, sólo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de la actuación manejaron adecuadamente estos recursos; el 62% presentó fallas no tan graves y el 11%,deficiencias generalizadas.

A lo anterior se suma que, en 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la Contraloría, se presentaron deficiencias, especialmente por la no suscripción de contratos de administración, y en otros casos, por la falta de reporte de estos.

¿Problema de ejecución?

Sin embargo, más allá de ser un problema de recursos, parece ser un problema de ejecución de los mismos, pues, entre el 2015 y el 30 de junio del 2019, el Gobierno Nacional giró –a través del Ministerio del Interior– más de $ 1,04 billones del Sistema General de Participaciones para invertir en los Resguardos Indígenas que hay en 29 departamentos del país.

Sin embargo, solo los manejó adecuadamente el 25,22 por ciento de las entidades territoriales, tanto alcaldías como gobernaciones, que son las que en su mayoría recibieron esos recursos, pues en el país solo hay 8 resguardos certificados para administrar ellos mismos esos presupuestos.

El 61,95 por ciento restante de entes territoriales tuvo deficiencias que, aunque no son generalizadas en todos los casos, sí traen impactos negativos sobre el cumplimiento de contratos de inversión, pues se trata de irregularidades que van desde demoras en la contratación hasta ausencia de controles de proyectos y pérdida de recursos.

Por otro lado, buena parte de los recursos destinados a los Resguardos Indígenas son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen algún mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas.

Y el 10,62 por ciento de entes tuvieron fallas extendidas en el uso de los recursos públicos.

La Contraloría afirma que aunque la mayoría de resguardos tienen asambleas, muchos desconocen cómo formular proyectos, y hay una “deficiente identificación de las necesidades de la comunidad que no conduce a mejorar las condiciones de vida de la población indígena”.

Algunas de las razones por las cuales los contratos no se hacen a tiempo, se incumplen, o se hacen desembolsos sin soportes es “por las debilidades en la gestión de los entes territoriales”, dice el estudio, así como por “la demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión”.

Saber cómo se están invirtiendo estos dineros es clave y saber invertirlos y ejecutarlos también, pues según el ‘Informe nacional de empleo inclusivo’, la pobreza en población indígena es 2,5 veces más alta que el total nacional; y según el Dane, la cobertura de alcantarillado solo llega al 23 por ciento de indígenas y la recolección de basuras, únicamente al 25,5 por ciento.



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