¿Más verdad, menos cárcel? Presidenta de la JEP aclara futuro de los ex-FARC

Después de que los exjefes de las FARC aceptaran su autoría en seis de los magnicidios más sonados de las últimas décadas en Colombia, sus sanciones son analizadas.

En la imagen, el líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (c), junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
En la imagen, el líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (c), junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Los exguerrilleros de las FARC deben aportar información individual, lo que garantizará que las víctimas conozcan toda la verdad sobre los magnicidios que recientemente reconocieron los ex miembros de las FARC, quienes, además, seguirán recibiendo beneficios por sus declaraciones, incluyendo permanecer por fuera de la cárcel. Así lo evidenció, en entrevista con El Espectador, la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares.

Linares explicó que los exguerrilleros deberán tener suma transparencia y sinceridad en los detalles de casos como los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, José Fedor Rey, Hernando Pizarro Leongómez y Pablo Guarín.

Qué se viene para Lozada y compañía

Recientemente, algunos de los excomadantes de las FARC enviaron una carta a la JEP en la que reconocían su autoría en estos seis asesinatos; la decisión de qué sucederá con estos casos será uno de los últimos trabajos que realice Patricia Linares, debido a que esta semana los 38 magistrados elegirán a la persona que la reemplazará en la presidencia de la JEP.

Linares explicó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en sesión formal impartió responsabilidad a los exguerrilleros quienes deberán asumir sus responsabilidades en donde prime principalmente la verdad. Además, la presidenta de la JEP dice que la verdad “en un ámbito judicial supone otros elementos y detalles: información de contexto, establecer quién lo hizo, quién lo determinó, quién materialmente disparó, quién financió la operación y cuál era el propósito de esos crímenes”.

Linares aseguró que las declaraciones que entreguen los exguerrilleros, algunos de ellos hoy senadores, deberán ser verificadas mediante material probatorio que entreguen los interrogados. "Esa obligación no se agota con decir “fui yo”. Se tienen que aportar todos los elementos y los jueces deben acopiar toda la información de la que dispongan para analizarla y llegar a una conclusión certera de que lo que se confiesa en efecto fue así y cómo fue", precisó la magistrada.

¿Les quitarán la curul?

Después del reconocimiento de los seis magnicidios, el Gobierno, gremios de víctimas, entre otros sectores, le pidieron a la JEP despojar de sus curules a los senadores de las FARC implicados en los hechos.

Linares explicó que el modelo de justicia de la JEP solo puede aplicar tres sanciones entre las que se destaca la restricción de derechos, pero no de la privación de la libertad. Sin embargo, este “beneficio” lo obtienen únicamente quienes digan toda la verdad.

“Entre más verdad digan, más allanan el camino a la sanción propia. Aquellos comparecientes que incurren en el reconocimiento tardío o en incumplimiento parcial de sus obligaciones y luego rectifican, pueden quedar con algunos beneficios y son candidatos a una sanción alternativa de privación de la libertad entre 5 y 8 años”, aseguró la magistrada Linares a El Espectador.

Finalizó su contestación a esta pregunta, asegurando que quienes no digan toda la verdad tendrán que someterse a un juicio que podría finalizar en una pena carcelaria de hasta veinte años.

Linares, además, explicó la diferencia que hay entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de que se pusiera en entredicho las declaraciones por los exjefes guerrilleros. Aclaró que en la justicia ordinaria el acusado puede guardar silencio y esperar que el Estado le compruebe los hechos, sin embargo, en la JEP es diferente.

“En el modelo que nosotros administramos, el compromiso fundamental de la persona es aportar toda la verdad que le sea posible para ayudar a los magistrados, que además deberán contar con las investigaciones de la Fiscalía, con versiones de posibles testigos, de los mismos familiares, en estudios que se han hecho de carácter académico. Eso permite que se arribe a la construcción de esa verdad plena que deje certeza en víctimas y jueces para proceder a aplicar la normativa”, aseguró.

Linares explicó que no hay “coalición” de la JEP con la Fiscalía y este ente de control deberá seguir investigando todos los delitos que asuman los ex-FARC. “El modelo acertadamente previó que la Fiscalía siga investigando hasta que la Jurisdicción le avise”, concluyó la magistrada.