Las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) –que en sus orígenes se llamaban ‘Maseteros’ o ‘Carranceros’– estuvieron bajo el mando de alias ‘Don Guillermo’. (Foto CNMH)
Las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) –que en sus orígenes se llamaban ‘Maseteros’ o ‘Carranceros’– estuvieron bajo el mando de alias ‘Don Guillermo’. (Foto CNMH)

Era junio o julio de 2003, poco tiempo después de haber cumplido 16 años. Sandra caminaba de regreso a su casa después del colegio cuando un amigo la invitó a jugar billar. Al rato de llegar al establecimiento, un muchacho en moto le entregó una carta de alias 'Don Guillermo', comandante paramilitar de las autodefensas campesinas del Meta y Vichada. La citaba al día siguiente al pie del puente del río Manacacías. Si no asistía, "aténgase a las consecuencias", decía.

Como ella, otras quince chicas, solo cuatro mayores de edad, recibieron la citación. Todas "locas", a las que les gustaba salir a bailar, a divertirse, a tomar algo. El grupo paramilitar las estaba reclutando por pasar en cantinas y billares, lo que estaba prohibido por ellos. Estaban violando una norma social. Esa mañana todas fueron. Les advirtieron que las iban a 'calvear' (raparles la cabeza) como castigo.

No siendo suficiente, las montaron en un carro hasta Alto de Neblinas, en una finca retirada de Puerto Gaitán (Meta). Allí fueron obligadas a cumplir varias labores a pleno sol: cargar bultos pesados y malolientes, desyerbar, cargar agua, partir piedras y tirarlas a la carretera. Algunos días, les tocaba trabajar en ropa interior, mientras las únicas prendas que llevaban se secaban, para volvérselas a poner.

Solo recibían una comida al día: espagueti sin nada. El hambre era tanto que varias ofrecían sexo a cambio de alimentos. "Ese fue un método que tuvimos que usar para sobrevivir", dijo Sandra, que le tocó acostarse con un volquetero. Las invitaban a quedarse en la organización armada. Casi ninguna aceptaba, y se iban amenazadas de muerte por si seguían "vagando y tomando".

Puerto Gaitán, en Meta, fue uno de los municipios más azotados por la violencia sexual durante el conflicto armado.
Puerto Gaitán, en Meta, fue uno de los municipios más azotados por la violencia sexual durante el conflicto armado.

El testimonio de esta joven fue recopilado por la Defensoría del Pueblo en 2011, que rememora el informe 'Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada', del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el que analizan, entre otras cosas, las crueles estrategias de violencia de género usadas como arma de guerra por los grupos paramilitares en estos dos departamentos.

A manera de escarmiento, para generar temor en la comunidad, las mujeres eran sometidas a tratos degradantes e inhumanos como castigo por sus comportamientos. Incluso, 'Don Guillermo' y sus hombres reclutaban niñas en colegios y barrios, hasta entraban a sus casas y las raptaban, para esclavizarlas en las filas de la organización. Las forzaban a ofrecer servicios sexuales a varios miembros, las ponían a lavar y a cocinar, y a trabajar en los laboratorios de procesamiento de coca.

Quizás una de las prácticas más crueles y única registrada en el país se conoce como 'Las calvas'. Como un espectáculo de castigo, a las mujeres les rapaban la cabeza delante de sus padres o en público, y a algunas incluso las obligaban a caminar totalmente desnudas por el pueblo luego de ello y a mantener relaciones sexuales con paramilitares. "El rapamiento tenía como propósito exponerlas públicamente como infractoras", describe el informe.

Las víctimas eran niñas y adolescentes, comunidad LGBTI, trabajadoras sexuales, indígenas y aquellas consideradas sospechosas de ser guerrilleras. En general, todas las que no cumplían el marco de comportamientos calificados como adecuados por los grupos paramilitares. "Las que no se ajustaran a lo dictado eran amenazadas y sancionadas violentamente con la intención de moldear y corregir la desviación", señala el CNMH.

Las mujeres paramilitares también sufrieron de la práctica del rapamiento, cuando tenían embarazos de relaciones sexuales no autorizadas y cuando eran infieles a sus parejas.
Las mujeres paramilitares también sufrieron de la práctica del rapamiento, cuando tenían embarazos de relaciones sexuales no autorizadas y cuando eran infieles a sus parejas.

Esas especies de normas sociales fueron establecidas en la altillanura por las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) –que en sus orígenes se llamaban 'Maseteros' o 'Carranceros'–, y que desde finales de los 80 y hasta mediados de los 90 estuvieron bajo el mando de alias 'Don Guillermo' o 'Guillermo Torres' –hoy en libertad–.

Este cabecilla paramilitar "se caracterizó por utilizar, entre otros métodos, el asesinato selectivo, la desaparición, el rapto, el reclutamiento forzado y la violencia sexual y de género como arma de guerra", dice el informe. Con especial presencia en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta; y Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo, en el Vichada.

'Don Guillermo' estableció la violencia de género como una forma de sanción simbólica a los comportamientos de las mujeres considerados inapropiados por la estructura, usando el abuso sexual como método de apropiación y escarmiento. Pese a que los altos mandos prohibían las violaciones, muchos jefes de escuadrillas los dejaban cometer. Hay un reporte de un asesinato de un paramilitar por violar a una mujer de la tercera edad en Puerto Gaitán.

El informe describe cinco razones por las que los actores armados usaron la violencia sexual en el conflicto armado: "para atacar a las mujeres por su condición de liderazgo, para destruir el círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos, para 'castigar' conductas transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de los actores armados, como prácticas culturales, y orientada a generar cohesión entre los integrantes de grupos paramilitares y el afianzamiento de sus identidades violentas".

La violencia de género del paramilitarismo era forma de sanción simbólica a los comportamientos  considerados inapropiados por la estructura.
La violencia de género del paramilitarismo era forma de sanción simbólica a los comportamientos  considerados inapropiados por la estructura.

En el caso de 'Las calvas' fueron víctimas incluso mujeres de la misma organización descubiertas en estado de embarazo dentro de las filas, por relaciones sexuales no autorizadas. Y también a las militantes que eran infieles a sus parejas. Aunque las que llevaban la peor parte eran las mujeres que procedían de zonas de influencia guerrillera, que corrían riesgo solo por transitar en las áreas controladas por el paramilitarismo o descubiertas en retenes ilegales.

Solo por venir de una zona u otra, muchas mujeres fueron señaladas de guerrilleras o colaboradoras de la insurgencia, lo que prácticamente significaba una sentencia de muerte. Antes de ser asesinadas eran sometidas a tortura y violencia sexual. Lo más grave -señala el informe- es que pese a los numerosos hechos de violencia de género, la información de los Acuerdos de la Verdad fue escasa.

Ello se debe, en parte, a que muchas prefirieron no denunciar porque el crimen se convirtió en una estigmatización para ellas. "La víctima es a menudo culpabilizada de lo que le ha ocurrido y con ello se libera al victimario de su responsabilidad. A esto se suma que la violencia sexual se convirtió para la víctima en una marca de segregación y para la comunidad en un motivo de vergüenza", concluye el informe.

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