
Una de cada tres estudiantes universitarias del Ecuador han sido víctimas de violencia de género, así lo reveló un nuevo estudio realizado por la Cooperación Alemana, a través del GIZ, por la Universidad San Martín de Porres de Perú y PreviMujer. Para obtener los resultados se hicieron encuestas a 23.261 estudiantes y 4.064 docentes y personal administrativo de las principales escuelas profesionales de 16 universidades con 22 sedes o campus universitarios en el Ecuador.
Los principales agresores son las parejas o ex parejas de las universitarias. En los últimos 12 meses, explica el estudio, 1 de cada 5 estudiantes ha sido agredida por sus parejas o exparejas, un promedio de 18 veces. También, aproximadamente 45 de cada 100 estudiantes mujeres LGBTIQ+ fueron agredidas por sus parejas o exparejas, al menos una vez en su relación.
Además, el estudio reveló que 1 de cada 3 estudiantes mujeres ha sido agredida por otros integrantes de la comunidad universitaria, con un promedio de 10 veces en el último año. Las docentes y funcionarias administrativas también manifestaron haber sido agredidas por sus parejas u otros integrantes de la comunidad universitaria. El estudio establece que debido a estas agresiones se perdieron días de productividad académica, como consecuencia hay pérdidas económicas equivalentes al 3 % del presupuesto nacional universitario, explica la investigación.
Entre los tipos de violencia ejercidos por los agresores, la principal es la violencia psicológica. Los resultados presentados indican que 3 de cada 10 mujeres sufrieron esa violencia. La siguiente con 2 de cada 10 mujeres universitarias es el acoso. El estudio determinó que también hubo agresiones a universitarias que representan casos de acecho (19,6 %), violencia física (12%), sexual (9,2 %) y económica (9,5 %). En promedio, por la violencia ejercida –tanto por sus parejas, exparejas u otros miembros de la comunidad académica– sobre las mujeres universitarias, docentes y personal administrativo, cada agredida perdió un promedio de 28 días de productividad académica. De acuerdo con la investigación, las pérdidas económicas producidas por la violencia hacia universitarias asciende a USD 68.8 millones.
Una de las principales recomendaciones del estudio es que las universidades trabajen en acciones de prevención de la violencia de género, que aborde los tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. También, explica el documento, que las instituciones de educación superior necesitan “un modelo de prevención integral, holístico y articulado a su cadena de valor, a sus necesidades y realidad particular”. Además, los investigadores sugieren el trabajo en red, a través de una coalición, para que las universidades puedan compartir experiencias, como lecciones aprendidas y buenas prácticas, y que sirva como motivación para que otras instituciones se sumen al trabajo de prevención.
La violencia de género cuesta millones de dólares al año
Otro estudio desarrollado por la Cooperación Alemana, a través del programa Prevención de la violencia contra las mujeres, junto a la Universidad San Martín de Porres de Perú analizó los costos individuales, domésticos, comunitarios, de microemprendimientos y gubernamentales de la violencia contra la mujer en el Ecuador.
Según se cita en el documento, el Ecuador tiene el segundo lugar de mayor prevalencia en Latinoamérica de violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Además, en Sudamérica, Ecuador es el segundo país con mayor inseguridad alimentaria, después de Bolivia. Por ende, la violencia en contra de la mujer genera costos al Estado, a las familias, a la comunidad y a las mujeres que están en círculos de violencia.
Entre los resultados están que los costos a nivel nacional de Ecuador por causa de la violencia contra la mujer ascienden a los USD 2.084,5 millones. Lo que equivale al 1,92% del PIB. El 57,58% de estos costos lo asumen las mujeres agredidas, el 26,08%, sus hogares, y el 16,34%, la comunidad. El Estado asume aproximadamente USD 522,8 millones como consecuencia directa de la violencia contra la mujer. Los recursos sirven para cubrir los costos en justicia, salud, educación y administración.
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