Un estudio en Ecuador calcula en USD 2.000 millones al año las pérdidas ocasionadas por la violencia contra las mujeres

Un nuevo estudio desarrollado por la Cooperación Alemana, a través del programa Prevención de la violencia contra las mujeres, junto a la Universidad San Martín de Porres de Perú analiza los costos individuales, domésticos, comunitarios, de microemprendimientos y gubernamentales de la violencia contra la mujer en el Ecuador.

Según se cita en el documento, el Ecuador tiene el segundo lugar de mayor prevalencia en Latinoamérica de violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Además, en Sudamérica, Ecuador es el segundo país con mayor inseguridad alimentaria, después de Bolivia. Por ende, la violencia en contra de la mujer genera costos al Estado, a las familias, a la comunidad y a las mujeres que están en círculos de violencia.

Además, el estudio comprueba que la violencia contra la mujer es un problema constante. El 59,2% de las mujeres ecuatorianas entre los 18 y 65 años ha sido violentada al menos una vez por su pareja o expareja. En el último año, explica el estudio, el 42 % de mujeres fue agredida con alrededor de 23 ataques al año. El tipo de violencia más frecuente es la psicológica (40,6%), le sigue la física (18,7%), la económica (15,5%) y la sexual (6,7%). A pesar de esto, solo el 13 % de mujeres agredidas ha buscado asistencia y protección.

Entre los resultados están que los costos a nivel nacional de Ecuador por causa de la violencia contra la mujer ascienden a los USD 2.084,5 millones. Lo que equivale al 1,92% del PIB. El 57,58% de estos costos lo asumen las mujeres agredidas, el 26,08%, sus hogares, y el 16,34%, la comunidad. El Estado asume aproximadamente USD 522,8 millones como consecuencia directa de la violencia contra la mujer. Los recursos sirven para cubrir los costos en justicia, salud, educación y administración.

La violencia contra la mujer genera una pérdida del 16,6 % del ingreso mensual de las mujeres que trabajan y reciben un salario. De acuerdo con el estudio, por cada USD 100 obtenidos de un trabajo pagado, una mujer puede destinar USD 16,6 como consecuencia de la violencia. Las pérdidas en productividad causadas por la violencia ascienden a USD 984,6 millones. Pero eso no es todo, una mujer agredida gasta cerca de USD 50 para buscar asistencia médica y protección en al menos unas 6 ocasiones cada año. También, una mujer agredida puede destinar un promedio de 31 horas –más de un día– para atender el último episodio de violencia que ha sufrido.

De acuerdo con el estudio, la violencia también genera costos comunitarios. Las mujeres han prestado aproximadamente USD 41,4 millones al año a otras mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Además, las mujeres que consuelan, acompañan y dan refugio a otras agredidas, les han dedicado 7,6 millones de días productivos, equivalentes a USD 144,7 millones.

La violencia contra la mujer tiene consecuencias en las familias y hogares. El estudio concluye que producto de la violencia contra las mujeres, 15 de cada 100 hogares pasaron hambre. A nivel país son 50,2 millones de días con inseguridad alimentaria, un equivalente a USD 238,8 millones que debieron destinarse para comprar alimentos y que se perdieron.

En los menores, la violencia contra las mujeres impacta de manera negativa en el desempeño escolar, físico y emocional de niños y niñas que atestiguan las agresiones perpetradas contra sus madres. Por ejemplo, aumenta la probabilidad de ausentismo escolar, perdiendo casi 2 días y medio de clases. El estudio indica que 1 de cada 3 menores ha atestiguado la violencia perpetrada contra sus madres hasta en 4 ocasiones por año y 1 de cada 2 de estos hijos sufre castigo físico.

Entre las recomendaciones que los expertos realizan en el documento está que se evalúe la eficacia de las estrategias de prevención y aumentar el presupuesto en la prevención primaria de la violencia contra las mujeres, que se articule la prevención intersectorialmente, es decir que las políticas de salud, de educación, de trabajo y de seguridad social contemplen a la violencia contra las mujeres como un eje de análisis impostergable. También se recomienda que las políticas de seguridad alimentaria tomen en cuenta estrategias de prevención, además, es necesario que la prevención se enfoque en grupos específicos de mujeres, según su nivel de riesgo y que se evalúe su orientación y efectividad.

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