“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

Este caso comenzó cuando un guardia civil de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, recibió en su domicilio una carta anónima con una amenaza escrita en mayúsculas y sin respeto por la ortografía ni las pausas lectoras: “Como me jodas date por muerto jubílate”, decía el texto. El agente presentó una denuncia ante la Policía Nacional de la localidad y notificó el hecho a sus superiores jerárquicos ese mismo día. Poco después, un compañero suyo fue citado a declarar en la comisaría. Convencido de que había sido señalado como autor del anónimo, inició una demanda civil por vulneración del derecho al honor y reclamó una indemnización por daños y perjuicios.

Así comenzó una cadena de acusaciones en la que se dijo de todo y se probó muy poco. O nada, más bien: por un lado, la investigación penal sobre la carta se archivó por falta de pruebas sobre la autoría; y por otro, la Audiencia Provincial de Burgos desestimó la demanda del derecho al honor porque tampoco pudo demostrar que el primer agente hubiera pronunciado su nombre como posible sospechoso de la misiva.

La teoría de este segundo agente tenía un componente que el tribunal calificó de mera suposición personal: él afirmaba que fue el propio receptor de la carta quien la había fabricado y se la había enviado a sí mismo para luego acusarlo. El tribunal señaló que esa hipótesis no quedó acreditada en ningún momento del proceso. La Audiencia fue directa al respecto: si creía que la carta era una falsificación, el camino era una denuncia por falsedad documental y acusación falsa, no una demanda civil por honor. Presentar esa hipótesis como fundamento de una lesión al honor, sin prueba que la sustente, no alcanza para prosperar en sede civil.

El fallo de la Audiencia descansa sobre jurisprudencia consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, citada expresamente a través de la sentencia nº 984/2024, del 12 de julio. Esa línea doctrinal sostiene que “la mera interposición de una denuncia penal no constituye un acto de imputación lesivo para el honor”, porque opera como el canal legítimo que el ordenamiento jurídico prevé para poner en conocimiento de la autoridad la posible comisión de un delito. El criterio establece que el descrédito que toda denuncia acarrea para quien figura en ella no es suficiente para configurar una intromisión ilegítima en el honor. La protección recae, en principio, sobre quien se siente víctima de un delito y acude a la vía legal para tutelar sus intereses.

Los dos agentes tenían una mala relación

La Audiencia tuvo en cuenta el contexto previo entre ambos guardias civiles. Existía entre ellos una mala relación documentada y un incidente anterior, que el agente que recibió la carta también había puesto en conocimiento de sus superiores. A eso se sumó una particularidad del anónimo: el texto utilizaba el apellido del agente para dirigirse a él, y este sostuvo que solo en su ámbito profesional lo llamaban de esa manera. Esa circunstancia dio un mínimo de sustento a la sospecha que señaló a su compañero, por lo que los tribunales aceptaron la denuncia, aunque luego la terminaron descartando por falta de pruebas.

El tribunal también descartó que el agente hubiera difundido la denuncia entre los compañeros de la comandancia. El único testigo presentado fue el capitán que había recibido la primera denuncia. Las conversaciones de un grupo de WhatsApp no contenían ninguna referencia a los hechos.