
La proyectada llegada con provisiones y repuestos del buque chileno “Danstar” a las islas Malvinas continúa generando fricciones entre Santiago y Buenos Aires, y aunque ambos gobiernos han intentado restarle dramatismo al episodio, una nueva iniciativa impulsada en el Congreso argentino volvió a encender las alarmas y trasladó la discusión al terreno legislativo.
Se trata de un proyecto presentado por la diputada Agustina Propato, que plantea facultar a las autoridades argentinas para incautar embarcaciones que participen en el abastecimiento del archipiélago, propuesta que no pasó inadvertida en Chile y que motivó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
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Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios emplazaron a la Cancillería a dejar en claro la posición chilena frente a las señales provenientes del país vecino, y uno de los más críticos fue el diputado socialista Nelson Venegas, quien puso en entredicho la conducción diplomática del canciller Francisco Pérez Mackenna y advirtió sobre el desarrollo que está tomando la controversia.
“Necesitamos un canciller que sea fuerte en sus decisiones, que sea firme en las determinaciones y la defensa de la patria, siempre con prudencia con el hermano pueblo argentino, pero hay que decirle las cosas y, como no lo han hecho, ellos siguen avanzando en sus declaraciones, en sus determinaciones y hoy día con este proyecto de ley”, afirmó.
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El debate tiene una dimensión jurídica, pues especialistas en derecho internacional sostienen que la eventual aprobación del proyecto de la diputada Propato no sería suficiente para impedir el tránsito del “Danstar”, considerando que el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el denominado derecho de “paso inocente”, que califica a aquel barco que navega de forma pacífica a través de las aguas territoriales de otro país sin representar una amenaza para su paz, orden o seguridad.
En términos prácticos, aquello significa que el país vecino no puede alterar mediante una norma de carácter interno los compromisos internacionales que ha adquirido en materia de navegación marítima. Por lo mismo, una eventual legislación argentina tendría que ajustarse a las obligaciones que establece el derecho internacional.
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Viaje planificado para diciembre
Desde el extremo austral también surgieron voces para defender los intereses comerciales de la Región de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), Claudio Radonich, cuestionó que Argentina pretenda intervenir en las relaciones comerciales que establece la región.
“El buque es un buque chileno con bandera chilena y por eso es que yo reivindico el derecho que tienen los magallánicos a comerciar con cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que un tercer país como Argentina pueda decidir con quién negocia Punta Arenas, y si este paso es uno inocente porque la Convención del Mar así lo indica”, aseguró en conversación Radio Bío Bío.
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De acuerdo al edil magallánico, las islas Malvinas tienen un poder de compra de USD 20 millones anuales, cuestión que definitivamente beneficiará a la economía regional.
El “Danstar”, nave perteneciente a la compañía nacional Easter Island Logistics, busca recuperar el tráfico marítimo comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, conexión que dejó de operar en 2011 tras firmar Chile la declaración del Mercosur, y cuya reactivación ahora vuelve a instalar un punto de fricción en la relación entre ambos países.
Los planes de la naviera contemplan realizar durante diciembre su primera operación comercial con destino a Puerto Argentino. Para cumplir con ese objetivo, la embarcación utilizaría el estrecho de Magallanes y posteriormente recurriría al derecho de paso inocente, descartando efectuar el trayecto por el mar de Drake.
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