Chile: la Contraloría puso bajo la lupa al Ministerio de Justicia por rebajas de condenas a pederastas

La controversia por los beneficios carcelarios otorgados a pederastas sumó un nuevo capítulo, pues la Contraloría General de la República (CGR) desplegó una fiscalización en el Ministerio de Justicia a fin de examinar los procedimientos que permitieron reducir condenas, asunto que tiene por las cuerdas al titular de la cartera, Fernando Rabat.

Cabe recordar que entre marzo y septiembre de 2026, dicha cartera emitió 56 decretos exentos que rebajaron penas (hasta por 36 meses) a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores, lo que derivó en la liberación de al menos 33 de ellos.

La fiscalización presencial en el ministerio comenzó luego que la CGR recibiera denuncias y requerimientos de parlamentarios que acusan falta de respuesta a oficios de la Defensoría de la Niñez, razón por la cual el ente solicitó reportes formales a la cartera.

Sin embargo, el caso escaló a la justicia luego de que los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaran una denuncia penal, la que llevó a la Fiscalía a abrir una causa en la que el ministro Rabat figura en calidad de imputado por el presunto delito de prevaricación administrativa

Así, mientras el Ejecutivo mantiene al ministro en su puesto y plantea introducir modificaciones a la legislación que regula estas reducciones, la oposición alista el ingreso de una Acusación Constitucional (juicio político) contra el secretario de Estado.

Rabat evita fijar fecha para entregar los 56 decretos y gobierno lo blinda

Este miércoles, Rabat enfrentó en el Congreso nuevos cuestionamientos sobre los polémicos decretos y su futuro al mando de la cartera de Justicia, sin embargo, evitó fijar un calendario para hacerlos públicos y justificó su demora en la necesidad de resguardar información personal y sensible contenida en dichos documentos.

Tocante a la presencia de funcionarios de Contraloría en las dependencias del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado confirmó que el organismo solicitó documentación y antecedentes a su cartera, pero contextualizó la diligencia como parte de las labores habituales de control sobre los servicios públicos.

“La Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución”, afirmó.

Respecto a cuándo estarán disponibles los 56 documentos que concentran las críticas, el ministro evitó entregar una fecha, aunque aseguró que “estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que tener cuidado, porque hay datos ahí sensibles de personas que están amparados por la ley”, adujo.

Al cierre, consultado sobre los motivos que justificarían seguir encabezando la cartera de Justicia, el ministro evitó defender directamente su continuidad y recordó que “esa respuesta la da el presidente de la República respecto de todos y cada uno de los ministros de Estado”.

Pese al turbulento escenario, desde La Moneda volvieron a blindar al titular de Justicia y este miércoles, el ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó de plano que el Gobierno esté analizando removerlo de su puesto.

“Nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al presidente”, señaló taxativo, añadiendo que Rabat “cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República”.