Enrique Vargas Lleras y Cambio Radical presentarán denuncia penal contra Gustavo Petro por el llamado ‘Pacto de Valledupar’

El 21 de octubre de 2026, la familia de Germán Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical anunciaron una denuncia penal contra el expresidente de la República Gustavo Petro por los presuntos delitos de soborno y concierto para delinquir. La decisión surge tras las revelaciones sobre el denominado “Pacto de Valledupar” y el encuentro de funcionarios con antiguos jefes paramilitares vinculados al proceso de paz.

El anuncio fue hecho por Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente y codirector de Cambio Radical, en una entrevista con Caracol Radio. Según afirmó, el recurso será presentado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La familia de Vargas Lleras prepara una denuncia ante la Comisión de Acusaciones

“En las próximas horas, la familia, junto con la bancada del Partido Cambio Radical, estaremos presentando ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal contra Petro”, dijo Vargas Lleras durante la entrevista.

El dirigente señaló que la acción se fundamentará en las conductas de soborno y concierto para delinquir. De acuerdo con su declaración, la denuncia incluirá a Clemencia Vargas, José Antonio Vargas y otros integrantes de la familia del exvicepresidente.

Vargas Lleras sostuvo que la denuncia responde a un supuesto intento de construir acusaciones contra su hermano, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra Abelardo de la Espriella, a partir de testimonios de antiguos paramilitares. “Estaban tratando de ensamblar un entrampamiento”, afirmó.

Enrique Vargas Lleras cuestionó que, según su versión, las gestiones se hubieran producido cuando su hermano atravesaba un delicado estado de salud. “Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte”, aseguró.

El codirector de Cambio Radical indicó que la familia impulsará la acción judicial en defensa del nombre y la trayectoria de Germán Vargas Lleras. También mencionó que el artículo 449 de la Ley 599 contempla penas de entre seis y 12 años de prisión para el delito de soborno, mientras que el concierto para delinquir puede acarrear condenas de entre 48 y 108 meses, conforme a su interpretación.

El encuentro con antiguos paramilitares tuvo lugar en octubre de 2025

La controversia se remonta a una reunión celebrada el 24 de octubre de 2025 entre 11 antiguos jefes paramilitares nombrados gestores de paz y funcionarios del Gobierno. El encuentro se extendió durante cuatro días y contó con la participación de Angie Rodríguez, entonces exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), así como del asesor Víctor de Currea Lugo.

Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el exministro del Interior Armando Benedetti también respaldaron la jornada, según la información conocida. Entre los asuntos abordados figuraban las condiciones de reclusión, la seguridad jurídica, nuevas declaraciones y posibles excarcelaciones.

Rodríguez presentó la reunión como parte del cierre del proceso derivado del acuerdo de Ralito. “Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no la conoce”, manifestó entonces, al referirse a un trámite que, dijo, supera los 20 años.

El texto suscrito al cierre de las reuniones propuso recabar información sobre los vínculos entre paramilitarismo, economía y política. Posteriormente, Rodríguez expuso ante medios que se buscaban declaraciones relacionadas con Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, quienes figuraban entre los nombres mencionados en el debate público.

La respuesta de Petro a las acusaciones de pactos con exparamilitares

Tras las polémicas declaraciones, el expresidente Gustavo Petro publicó en sus redes un comunicado conjunto fechado el 24 de octubre de 2025, en el que explicó los principales puntos dialogados en el encuentro.

En el documento, los exfuncionarios y exlíderes paramilitares se comprometen a trabajar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las extintas farc.

Según Petro, la inclusión de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenía como propósito colaborar en la entrega de bienes y tierras a las víctimas del conflicto armado.

“Este es el comunicado que salio de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de ralito para garantizar la devolución de todos loa bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa (sic)”, escribió en su cuenta de X.