Chile: crece presión oficialista para que Kast indulte a policías condenados por el estallido social

Este domingo 18 de octubre se cumple un nuevo aniversario del estallido social de 2019, asunto que volvió a instalar en el centro de la agenda política el tema de los indultos presidenciales. Pero esta vez, la presión sobre el presidente José Antonio Kast viene desde su propio sector, donde hace rato le exigen señales concretas para que cumpla una de las principales promesas de su campaña.

Este miércoles, la diputada libertaria Paulina Muñoz puso esa fecha sobre la mesa como una instancia simbólica para anunciar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las manifestaciones. El mensaje al mandatario fue claro:

“No queremos sentir incoherencia porque es esa la señal política que los chilenos están esperando. Además, señor Presidente, quienes confiaron en usted le confiaron el voto”, afirmó Muñoz.

Sus palabras fueron refrendadas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en conversación con radio Agricultura sostuvo que, en determinados casos, lo procedente sería concederles la libertad total pues “lo que estaban haciendo los carabineros es cumplir sus funciones y no pueden estar cumpliendo condenas privativas de libertad por esa circunstancia”.

El senador también rechazó que una eventual decisión presidencial deba interpretarse como un enfrentamiento con el Poder Judicial. “No significa llevarle la contra al Poder Judicial o a los tribunales de justicia que hicieron su trabajo”, aseguró.

Eso sí, aunque confirmó que los casos están siendo estudiados, evitó comprometer una fecha o asociar las decisiones con el aniversario del estallido. “Yo creo que es mala idea de andarlo planteando o apurando por la prensa”, argumentó.

Tocante a la disposición de socios oficialistas como Renovación Nacional y Evópoli de evaluar conmutaciones de penas, Squella planteó que una alternativa podría ser sustituir la prisión por arresto domiciliario. Sin embargo, dejó claro que “yo creo que lo que corresponde es la libertad total”.

Indulto humanitario transversal

La muerte del ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, Juan Manuel Aliste Vega (53) el domingo pasado, seis días después de haber solicitado un indulto presidencial debido a un cáncer terminal, activó otro debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad que ya no represente un peligro social, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La propuesta republicana fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Sin embargo, Carolina Tohá, exministra de Interior y Seguridad de la administración de Gabriel Boric, planteó este miércoles que las personas con enfermedades terminales deberían poder morir en sus casas, independientemente del bando o la gravedad del delito, pero mediante un mecanismo institucional regulado por los tribunales de justicia y no a través de la facultad del indulto presidencial.

“Seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando”, afirmó en el podcast Al Pan Pan, de El Mostrador.

Sus palabras no pasaron inadvertidas en las filas republicanas, desde donde la diputada Paz Charpentier sostuvo que “me alegra que el sentido de humanidad sea más transversal de lo que algunos han planteado los últimos días. Yo espero que este sea un paso para que la centroizquierda marque por fin diferencias con el Partido Comunista y el Frente Amplio”.

Squella, por su parte, propuso trasladar la discusión desde la discrecionalidad presidencial hacia una regulación legal que establezca criterios para estos casos. La idea es evitar que situaciones de esta naturaleza dependan permanentemente de la voluntad del mandatario de turno.

“¿Tendrá sentido que estemos permanentemente apelando al indulto o será ya tiempo de que lo veamos en la ley?”, argumentó.

La iniciativa, sin embargo, está lejos de generar consenso en la oposición. La senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato al recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio de las manifestaciones cuando se dirigía a su trabajo nocturno en una fábrica -asunto que significó una condena de 12 años para el excapitán de carabineros, Patricio Maturana Ojeda-, rechazó equiparar los delitos comunes con las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

“La derecha intenta jugar al empate. Toda enfermedad real debe ser atendida con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”, retrucó.

Así las cosas, desde el Ejecutivo persisten en su idea de revisar los indultos “caso a caso” mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó fijar una fecha para resolver las solicitudes y de paso, descartó de plano que existan presiones políticas hacia el mandatario.