Representantes del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley para fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara: esta es la millonada que se ahorraría

Los representantes Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley para unificar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara de Representantes en una sola entidad; una reforma que busca eliminar estructuras paralelas sin alterar la autonomía de ambas corporaciones del legislativo.

Los autores calculan que la medida permitiría ahorrar $300.000 millones anuales en gastos de funcionamiento y burocracia. Además, la iniciativa propone crear la Dirección Administrativa del Congreso de la República, encargada de los asuntos financieros, contractuales, presupuestales, logísticos y de personal hoy manejados por separado.

El cálculo de ahorro, sin embargo, deberá definirse mediante una evaluación de las plantas de personal, los contratos vigentes, los recursos disponibles y los costos de la transición. “No tiene ningún sentido que haya dos direcciones en una sola corporación en el Congreso de la República”, expresó Arizabaleta frente al alcance de esta iniciativa, que cursará su trámite.

El congresista vallecaucano sostuvo que la existencia de dos administraciones para una misma institución carece de justificación y añadió que se deben aplicar medidas de austeridad antes de exigir ajustes fiscales al país. La intención, según dio a conocer, tendría aceptación al interior del Congreso, que tendrá que darle el visto bueno al articulado.

Una dirección administrativa para servicios compartidos

La reforma propuesta por los congresistas modifica la Ley Quinta de 1992, diseñada para regular el funcionamiento del Congreso, para sustituir las dos direcciones administrativas vigentes por una dependencia común. El Senado y la Cámara mantendrían sus mesas directivas, secretarías generales, competencias constitucionales y procedimientos legislativos.

Con ello, la nueva entidad concentraría la División de Personal, la División Jurídica, la División Financiera y Presupuesto, y la División de Servicios. También asumiría la contratación estatal, la ordenación del gasto y la representación administrativa del Congreso, ante la duplicidad existente, pues cada corporación tiene plantas de personal propias.

Entre las dependencias que se replican figuran oficinas de información y prensa, protocolo, control interno y despachos de dirección. Para graficar tal suceso, los ponentes explicaron cómo en el tema de carnetización, la Cámara suministra los plásticos y el Senado hace el proceso, un ejemplo de que el Congreso ya funciona en aspectos claves con plataforma común.

La propuesta también busca simplificar el traslado de integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo entre las oficinas de senadores y representantes. Si una persona cambia de una unidad del Senado a otra de la Cámara, la Dirección Administrativa tramitaría el movimiento como una novedad de personal dentro de una misma entidad.

Elección pública y control sobre la nueva entidad que se encargaría del Congreso

Del mismo modo, el director administrativo sería elegido por el Congreso en pleno para un período de cuatro años, coincidente con el cuatrienio legislativo. La selección partiría de una convocatoria pública con criterios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito; con el propósito de una relación armónica en la gestión.

El cargo exigiría título profesional, cinco años de experiencia administrativa en nivel directivo e idoneidad en áreas administrativas, financieras y de sistemas. En el articulado se consignó que no podrían aspirar quienes hubieran sido congresistas durante los 12 meses anteriores ni familiares cercanos de legisladores en ejercicio.

El director podría ser removido tras una evaluación de desempeño por el Congreso en pleno, a solicitud de las mesas directivas, o por una proposición aprobada por la plenaria de cualquiera de las cámaras. Si se aprueba, las mesas deberán convocar una nueva elección dentro de los 30 días siguientes o durante la semana posterior al inicio de las sesiones ordinarias.

La Dirección Administrativa deberá rendir informes semestrales a las mesas directivas del Senado y la Cámara. Además, tendría que publicar trimestralmente información sobre contratos, modificaciones, pagos, planta de personal, contratistas, inventarios y metas de ahorro en el sitio web del Congreso y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

El control fiscal seguiría a cargo de la Contraloría General de la República. Por otro lado, cada año, la entidad deberá comparar los ahorros obtenidos con los gastos de funcionamiento de las antiguas direcciones administrativas durante la última vigencia fiscal completa previa a la entrada en operación de la nueva estructura, conforme a lo dispuesto en el proyecto.

Planta única y garantías para los trabajadores

En este orden de ideas, la reforma establece que la nueva planta de personal no podrá superar inicialmente el número de empleos de la dirección administrativa que tenga la mayor nómina entre Senado y Cámara. Tampoco se podrán crear cargos directivos adicionales durante la transición, en una medida que busca blindar el proceso de reestructuración.

Dentro de los primeros seis meses posteriores a su posesión, el director deberá elaborar un inventario de empleos, funciones, perfiles y costos de las dos plantas administrativas. En los seis meses siguientes, las mesas directivas tendrán que presentar un proyecto de ley para definir los cargos y grados de la estructura unificada.

La reorganización deberá respetar los derechos de carrera administrativa, el debido proceso y las condiciones salariales y prestacionales de los trabajadores que sean incorporados a la nueva planta. Cuando no sea posible integrar a todos los funcionarios de carrera, se aplicarán las alternativas previstas para la supresión de empleos.

Una de ellas: la búsqueda de vacantes equivalentes en entidades del orden nacional. Las Unidades de Trabajo Legislativo conservarían su regulación actual, pues cada congresista podrá tener hasta 10 empleados o contratistas, con un costo mensual que no exceda 50 salarios mínimos legales mensuales. La iniciativa no modifica las escalas de remuneración.

La convocatoria para elegir al primer director administrativo se abriría dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. La nueva Dirección Administrativa del Congreso comenzaría a funcionar el 1 de enero de la vigencia fiscal siguiente a la posesión de su primer titular, mientras las actuales direcciones entregarían todo lo referente al empalme.