Uruguay busca equiparar a ciudadanos naturales y legales por ley: “Que el país termine de abrazarte”

El gobierno de Yamandú Orsi enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para igualar a los ciudadanos naturales uruguayos de los ciudadanos legales y que ambos puedan tener nacionalidad, informó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Esta iniciativa surgió por el reclamo de organizaciones sociales, que alertaron que tenían algunos problemas prácticos por la interpretación que se hace de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. En particular, los mayores inconvenientes se generaban en la expedición de los pasaportes.

La Constitución de Uruguay establece dos categorías: los ciudadanos naturales –nacidos en territorio uruguayo o hijos de ciudadanos naturales nacidos en el extranjero– y los ciudadanos legales –quienes, habiendo nacido en el extranjero, adquieren la ciudadanía–.

La carta magna no habla de nacionalidad, pero se entiende que quienes tienen nacionalidad uruguaya son los que la Constitución considera ciudadanos naturales. Y no se cree que son nacionales los legales.

Con este proyecto de ley interpretativo de la Constitución, lo que el gobierno busca es que los ciudadanos legales también sean considerados nacionales uruguayos.

“Muchos de estos ciudadanos al adquirir la ciudadanía uruguaya se ven obligados a renunciar a su nacionalidad de origen porque hay países que no reconocen la doble nacionalidad. Por ende quedan prácticamente en una situación de apátridas”, explicó Díaz el viernes 9, en conferencia de prensa.

Si se aprueba el proyecto de ley, pasarán a ser nacionales y uruguayos tanto los ciudadanos legales como los naturales.

Díaz sostuvo que el artículo 2 del referido documento también resuelve la problemática planteada con los menores de edad, mediante una habilitación para que accedan a la Carta de Ciudadanía a través de sus representantes legales, que luego deberán ratificar cuando cumplan la mayoría.

Son entre 16.000 y 20.000 personas que se encuentran en esta situación, informó Díaz, en base a datos de la sociedad civil. Una de las organizaciones que presentó este reclamo fue la ONG Todos somos uruguayos.

“Podemos hablar de 1.000 formas en la que esto nos impacta, pero la principal que nos afecta a todos es el sentido de pertenencia. Es hacer vida, echar raíces en este lugar, en este país, trabajar y buscarse una mejor vida acá, pero que haya algo del país que no termine de abrazarte”, comentó Adriana Ovalle, integrante de esta organización, en el programa Puesta a punto de Canal 12.

Ovalle comentó que el proceso para obtener la ciudadanía legal en Uruguay es “justo y robusto”, e incluye varias etapas pero no tiene el final que esperan porque no pueden decir “somos uruguayos”.

Uno de los problemas se da con los menores de edad, que tienen que esperar unos 20 años para iniciar el trámite de la ciudadanía. “Estamos hablando de niños que no conocen otra tierra que no sea Uruguay y son considerados extranjeros”, explicó.

“Hemos sabido de casos de niños que no han podido ser abanderados por ser extranjeros. Por suerte este tipo de casos son pocos, pero no deja de ser la infancia de un niño que se ve afectada por algo completamente aleatorio”, expresó.

Otro ejemplo que mencionó Ovalle es el de una futbolista de Peñarol que fue convocada a la Selección Uruguaya y no pudo porque era menor de edad y extranjera.

La integrante de la organización señaló que el lugar de nacimiento es “completamente distinto” al concepto de nacionalidad y relató que la inclusión de estos conceptos en el pasaporte les genera inconvenientes.

“Si en el campo de nacionalidad ponés el lugar de nacimiento va a saltar error cuando lo pasás por la máquina (…) Se han visto casos que acusan a la persona de un documento falso y eso no se refleja necesariamente en la realidad de la persona que tiene el pasaporte. Estamos expuestos a la arbitrariedad del agente migratorio”, comentó.

Representantes de la sociedad civil Todos Somos Uruguayos reunidos recibieron con agrado ley interpretativa de la Constitución