Jair Bolsonaro volvió a pedir al Supremo Tribunal anular su condena por golpismo y suspender la ejecución de la pena

El expresidente, Jair Bolsonaro, pidió al Supremo la anulación de su condena por golpismo a través de una nueva revisión criminal. La defensa presentó el recurso el pasado 25 de septiembre ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

El escrito solicitó una medida cautelar para detener la ejecución de la condena y permitir que Bolsonaro deje la prisión domiciliaria hasta que la Corte resolviera el planteo.

El caso quedó a cargo del magistrado Kassio Nunes Marques, quien ya intervino en otra revisión criminal presentada por los abogados del exmandatario en mayo contra la misma sentencia. La defensa pidió que el nuevo expediente se enviara a ese juez porque ambas acciones cuestionaron la condena dictada en el proceso por la tentativa de golpe de Estado.

La nueva presentación reclamó la anulación de las decisiones que originaron investigaciones dentro del llamado inquérito de las noticias falsas. Los abogados sostuvieron que, si el Supremo aceptaba ese pedido, debía invalidar las pruebas obtenidas a partir de esas medidas y los testimonios recogidos en el proceso desde mayo de 2025.

También solicitaron que se reabriera la etapa de producción de pruebas. El pedido incluyó un plazo para que la defensa examinara los datos originales y excluyera del expediente los elementos que consideró irregulares.

El recurso se apoyó en un informe técnico que los abogados presentaron como prueba nueva. El documento señaló problemas para verificar la cadena de custodia de parte de las pruebas digitales empleadas en el juicio. La defensa afirmó que no logró comprobar de forma íntegra el origen, la extracción y el tratamiento de algunos archivos.

El informe no sostuvo que las pruebas fueran adulteradas. Sin embargo, los abogados argumentaron que la falta de acceso a determinados datos impidió comprobar que los archivos conservaron su integridad desde su obtención hasta su incorporación al proceso.

“No se busca, debe aclararse desde el principio, un segundo juicio del caso; esta revisión se presentó por hechos nuevos, una prueba nueva y la demostración clara de que mantener la condena de Jair Bolsonaro representa una grave injusticia”, afirmaron los abogados en el escrito.

Entre los elementos cuestionados figuraron los mensajes de la aplicación Signal extraídos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro. Según el informe incorporado por la defensa, parte de esas conversaciones quedó registrada mediante filmaciones de las pantallas de los teléfonos, en vez de una extracción pericial directa de los datos.

Los abogados también señalaron que no recibieron los archivos originales de la extracción realizada en el teléfono de Bolsonaro. Afirmaron que esa ausencia les impidió auditar el material y verificar su contenido completo.

“Durante el proceso, la defensa planteó cuestiones importantes al recibirse la acusación y en los alegatos finales”, indicaron los abogados. Añadieron que el expediente vulneró el principio acusatorio y que recibieron parte de las pruebas pocas horas antes de la instrucción, una etapa que se extendió durante cerca de dos semanas.

Para reforzar ese argumento, la defensa citó debates recientes dentro del Supremo sobre el procedimiento que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, detenido por acusaciones de fraude. En ese caso, integrantes del tribunal discutieron el acceso de las partes a la totalidad de los datos digitales que respaldaron un informe de la Policía Federal.

Los abogados recordaron que, tras la divulgación de mensajes intercambiados entre De Moraes y Vorcaro, la Fiscalía General cuestionó la investigación abierta en ese expediente. El organismo sostuvo que el pedido para investigar a un integrante del Supremo debía ser tratado por el pleno de la Corte.

La defensa de Bolsonaro trasladó ese planteo a la causa por golpismo. Según los abogados, el expresidente fue incluido en el inquérito de las noticias falsas cuando todavía ocupaba la Presidencia, sin que la decisión pasara por el pleno del STF. A su criterio, esa medida incumplió el reglamento interno del tribunal.

El recurso sostuvo que esa presunta irregularidad afectó los actos posteriores que derivaron en la acusación y la condena por la trama golpista. Por esa razón, los abogados pidieron la nulidad de las resoluciones iniciales, de las pruebas derivadas de ellas y de los testimonios incorporados al expediente.

(Con información de EFE y CNN Brasil)