El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga tras el alza de los cultivos de coca

La estrategia presentada junto con un reporte de la Unodc busca recortar plantaciones excedentarias e ilegales hasta el límite legal, con acciones en seguridad, salud pública y desarrollo integral por cinco años

La política antidroga tendrá un financiamiento de USD 492 millones en cinco años, con un 56,3% aportado por la cooperación internacional y el resto por el Estado boliviano (REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo)
La política antidroga tendrá un financiamiento de USD 492 millones en cinco años, con un 56,3% aportado por la cooperación internacional y el resto por el Estado boliviano (REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo)
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El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga para 2026-2030 después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informara un aumento del 7% en los cultivos de coca durante 2025. El plan, financiado con USD 492 millones, se centró en seguridad, salud pública y desarrollo integral.

La nueva estrategia fue presentada este martes por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz junto con el informe anual de monitoreo de coca, que registró un incremento de la superficie cultivada de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

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Durante el acto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los datos eran “realmente preocupantes” y dijo que era “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para sostener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario explicó que la Política Antidroga 2026-2030 apunta a reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los márgenes permitidos por la ley, con una diferenciación entre esa producción y la hoja destinada a usos tradicionales y legales.

Marco Antonio Oviedo, hombre con gafas, traje azul y corbata roja, habla a un micrófono con el dedo índice levantado. Detrás, bandera de Bolivia y figura en uniforme
El ministro Marco Antonio Oviedo afirmó que el aumento de los cultivos de coca exige recuperar la capacidad de intervención institucional en la lucha contra el narcotráfico (Reuters)

Según la presentación oficial, el esquema para reducir la oferta de droga se apoyó en una interdicción focalizada por territorios, con intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

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A esa línea se sumaron mecanismos de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, dentro de un enfoque dirigido a desarticular redes vinculadas al narcotráfico.

El plan también incorporó un frente orientado a la reducción de la demanda desde la salud pública, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. El Gobierno indicó que esa parte de la estrategia priorizó a niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

En ese marco, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, valoró que la iniciativa incluyera de manera conjunta los planos de seguridad, salud y desarrollo, y expresó la disposición del bloque a colaborar con el país en acciones contra las redes criminales.

El representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, respaldó la nueva política antidroga presentada por el Gobierno (EFE)
El representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, respaldó la nueva política antidroga presentada por el Gobierno (EFE)

El anuncio de la estrategia antidroga coincidió con una etapa de tensión económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares, las filas en surtidores por combustibles y el aumento de precios de distintos productos.

Ahora estamos recuperando (con una) etapa crediticia, pero nosotros no podemos vivir del crédito, tenemos que vivir de la producción, por eso los programas y las leyes van a ir hacia la producción”, dijo el mandatario.

En la misma intervención, sostuvo: “No va a llover dólares del cielo, porque esos dólares se los gastaron con el gas que Dios nos dio”, al insistir en que su administración debía orientar programas y leyes hacia la producción y no hacia un esquema sostenido por crédito.

(Con información de EFE)

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