¿Cómo se encuentra el programa de vivienda social en El Salvador sobre el acceso a hipotecas para hogares vulnerables?

Un programa de vivienda social en El Salvador habría permitido ampliar el acceso a hipotecas de largo plazo para hogares de bajos ingresos, facilitando que cerca de 13.000 familias accedieran a viviendas más asequibles y de mejor calidad, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta junio. En un contexto donde el crédito formal para este sector era limitado y el déficit habitacional afectaba especialmente a los grupos más vulnerables, la iniciativa contribuyó a reducir barreras tanto habitacionales como financieras.

Al cierre del proyecto en 2024, casi 3.000 hogares habían recibido préstamos hipotecarios, de los cuales más del 42% correspondió a hogares encabezados por mujeres. El fortalecimiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV) buscó asegurar la continuidad de este acceso, más allá del periodo de ejecución del programa.

En 2018, más de 51.000 hogares carecían de una vivienda adecuada y casi la mitad presentaba problemas como hacinamiento, tenencia insegura, materiales precarios o acceso limitado a servicios básicos. El acceso al crédito era especialmente bajo entre los hogares con menores ingresos: solo el 2,4% del 40% más pobre de la población tenía acceso a financiamiento formal para vivienda, mientras que los préstamos bancarios se concentraban en los segmentos de mayores ingresos.

Para atender esta situación, en 2021 se destinó un financiamiento de USD 50 millones a través del Fondo Social para la Vivienda, orientado a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. El programa permitió el acceso a hipotecas para viviendas sociales valoradas en hasta USD 40.000, con plazos de pago de 10 años o más, condiciones previamente inaccesibles para familias de bajos ingresos.

Esta medida facilitó el acceso a la vivienda propia para familias que anteriormente alquilaban o vivían en condiciones informales, aliviando restricciones de liquidez y extendiendo los plazos de pago, según el BID. El cambio impactó de manera directa en la economía doméstica, ya que los beneficiarios pudieron destinar recursos al patrimonio familiar y mejorar la calidad de la vivienda, así como su seguridad económica a largo plazo, según el organismo.

El acceso a la propiedad también brindó mayor estabilidad en la tenencia y fortaleció la capacidad de los hogares para enfrentar variaciones de ingresos y acceder a futuros créditos con garantías formales. Además, el programa incorporó criterios de resiliencia ambiental en un país expuesto a huracanes e inundaciones, integrando consideraciones de riesgo climático en el financiamiento y en el diseño de las viviendas, con el objetivo de consolidar prácticas permanentes para la construcción de hogares más seguros.

Los hogares encabezados por mujeres

Una parte relevante de los recursos se destinó a hogares encabezados por mujeres, que suelen enfrentar obstáculos adicionales para acceder a crédito de largo plazo. Más del 42% de los préstamos se asignó a este grupo, lo que amplió las posibilidades de que más mujeres se convirtieran en propietarias y fortalecieran su resiliencia económica y capacidad de decisión dentro del hogar, detalla el BID.

El proyecto también incluyó mejoras en los sistemas de gestión de crédito y cartera, prácticas de gestión de riesgo y la articulación entre las decisiones de préstamo y los marcos nacionales de planificación del uso del suelo. Estas acciones respondieron a debilidades estructurales del mercado de financiamiento para vivienda, donde los préstamos de largo plazo permanecen limitados por restricciones de fondeo, volatilidad macroeconómica y una alta percepción de riesgo.