Estados Unidos puso en la mira una flota pesquera de Ecuador señalada por traficar cocaína a los carteles mexicanos

Lo que para las autoridades ecuatorianas aparecía como una flotilla de embarcaciones pesqueras que operaba desde la costa de Manabí era, según el Gobierno de Estados Unidos, una pieza clave de una de las rutas marítimas utilizadas para abastecer de cocaína a los carteles mexicanos. Con esa premisa, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra ocho personas, siete empresas ecuatorianas y diez barcos que, de acuerdo con su investigación, conformaban una estructura logística dedicada al transporte clandestino de droga desde las inmediaciones de Manta hacia México, desde donde la cocaína ingresaba al mercado estadounidense.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que aseguró haber identificado una red empresarial que operaba bajo la apariencia de actividades pesqueras legítimas, pero cuya función real consistía en facilitar el traslado de miles de kilogramos de cocaína cada mes a través del océano Pacífico. Para Washington, la organización representa un ejemplo de la creciente convergencia entre las bandas criminales ecuatorianas y los grandes carteles mexicanos dedicados al tráfico internacional de drogas.

Según el expediente del Tesoro, las embarcaciones no solo servían para transportar cargamentos ilícitos. También cumplían funciones de abastecimiento en alta mar: entregaban combustible, alimentos y otros suministros a las lanchas rápidas encargadas de llevar la cocaína hacia el norte del continente. Algunas de las naves incluso habrían actuado como puestos de vigilancia para alertar sobre la presencia de patrullas antidrogas durante los desplazamientos por el Pacífico oriental.

La investigación estadounidense sitúa el centro de la operación en los alrededores de Manta, uno de los principales puertos pesqueros de Ecuador. Desde allí, las embarcaciones salían bajo la cobertura de actividades comerciales legales y realizaban, una vez en altamar, el trasbordo de la droga hacia lanchas de alta velocidad que continuaban la ruta con dirección a México. Posteriormente, los cargamentos eran recibidos por organizaciones criminales mexicanas para su distribución hacia Estados Unidos.

Washington sostiene que la estructura mantenía vínculos con las organizaciones ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, grupos que Estados Unidos incluyó en 2025 en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambas bandas trabajaban con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que evidencia una integración cada vez mayor entre las organizaciones criminales ecuatorianas y mexicanas para asegurar el flujo de cocaína hacia Norteamérica.

Entre los principales sancionados figura la empresa familiar Arcasdenoe S.A. y varios integrantes de la familia Mero, a quienes la OFAC atribuye la coordinación de operaciones de contrabando de cocaína y del abastecimiento de las lanchas rápidas utilizadas por la organización. También fueron incluidos otros operadores señalados por dirigir envíos marítimos y controlar compañías dedicadas formalmente a la pesca y otras actividades comerciales.

Las sanciones alcanzan además a diez embarcaciones identificadas por Estados Unidos como bienes bloqueados por su presunta participación en la logística del narcotráfico. La decisión implica que todos los activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. Asimismo, ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas, mientras que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar restricciones si facilitan operaciones significativas en beneficio de los designados.

La ofensiva financiera se produce en un momento de estrecha cooperación entre Quito y Washington en materia de seguridad. En paralelo al anuncio de las sanciones, ambos gobiernos han fortalecido las operaciones de vigilancia marítima para interceptar cargamentos de droga en el Pacífico, una estrategia que incluye el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos mediante buques y helicópteros destinados a reforzar la capacidad de interdicción de Ecuador.

La decisión del Tesoro también refleja el cambio de enfoque de Estados Unidos frente al narcotráfico en Ecuador. Más allá de perseguir a quienes transportan la droga, Washington busca desmantelar la infraestructura económica y empresarial que sostiene las rutas de exportación de cocaína. Para las autoridades estadounidenses, atacar las finanzas, los activos y las empresas utilizadas como fachada resulta tan relevante como las incautaciones de cargamentos o las capturas de operadores.