De una pensión a la Casa de Nariño: así habría llegado Juliana Guerrero a ser una de las personas más influyentes en el gobierno de Gustavo Petro

Juliana Guerrero se encuentra en el centro de un escándalo que la relaciona con el gobierno de Gustavo Petro, tras llegar al entorno cercano del presidente después de la campaña electoral de 2022.

De acuerdo con periodistas de Blu Radio, el vínculo entre el jefe de Estado y la joven se fortaleció luego de que ella y su hermana Verónica reportaran amenazas de muerte en Valledupar, lo que llevó a una cadena de contactos políticos, asistencia en Bogotá y la posterior obtención de contratos públicos: uno para Verónica en Colombia Compra Eficiente y otro para Juliana en el Ministerio del Interior, supuestamente con la aprobación de Petro.

Ambas hermanas participaron activamente en las juventudes que promovían la campaña de Petro en el departamento del Cesar y tenían relación con René Hernández, exdirector de consulta previa.

La versión difundida sostiene que el presidente Petro ya conocía a Juliana y Verónica por su trabajo en la campaña, y que la situación cambió tras la llamada de auxilio que hicieron en Bogotá para informar sobre las amenazas y solicitar ayuda, lo que habría facilitado su acceso a cargos públicos.

Petro las conocía desde campaña y el contacto se reactivó por las amenazas

Durante la conversación en el medio de comunicación, el periodista sostuvo que las hermanas llegaron a vivir a una pensión en el barrio Santa Fe hace dos años. El motivo, dijo, fue que aseguraban haber sido amenazadas de muerte en Valledupar por su militancia petrista.

En ese momento, Petro ya era presidente. La reconstrucción radial afirma que ellas contactaron a una persona del entorno del jefe de Estado y le dijeron: “Estamos en Bogotá, estamos amenazadas, somos un grupo de jóvenes vallenatos petristas a quienes nos han amenazado en la región, ayúdenos”.

Esa misma persona, de acuerdo con el relato, fue ante Petro y le recordó quiénes eran las hermanas Guerrero: “¿Usted se acuerda de Juliana Guerrero y de Verónica Guerrero, las jovencitas que ayudaron en la campaña?”. La respuesta atribuida al presidente fue afirmativa.

La consecuencia inmediata de ese acercamiento, según lo expuesto en la emisora, fue la autorización para que ambas obtuvieran contratos en entidades del Estado. “El presidente Petro da el visto bueno para que tanto a Verónica como a Juliana Guerrero les den contratos inicialmente”, afirmó el periodista.

En esa misma explicación precisó el destino de cada una: Verónica recibió un contrato en Colombia Compra Eficiente y Juliana en el Ministerio del Interior. El relato no aportó fechas exactas ni condiciones de esos vínculos, aunque sí planteó que esa fue la primera ayuda concreta tras la alerta por amenazas.

Juliana Guerrero, según se recordó en la conversación, terminó después en el despacho de Armando Benedetti. Ese movimiento fue mencionado como un paso posterior dentro de una trayectoria que, según la cadena radial, comenzó con el respaldo político de campaña y siguió con la intervención del entorno presidencial.

La segunda etapa del caso, siempre según la versión narrada en la radio, surgió cuando las hermanas comenzaron a advertir irregularidades dentro de Colombia Compra Eficiente. El periodista lo resumió con esta frase: ellas terminaron diciendo que había “una olla podrida” en esa entidad.

Esa denuncia, agregó, fue el motivo por el cual buscaron una conversación directa con el mandatario. La explicación fue que necesitaban hablar con Petro para mostrarle “la podredumbre en Colombia Compra Eficiente”.

El presidente finalmente accedió a recibir a Juliana Guerrero en su despacho, dijo el periodista, y ubicó esa reunión como el momento a partir del cual “el resto es historia”.

El desarrollo del caso ha puesto en el foco la dinámica de acceso y permanencia en la administración pública, así como el manejo de denuncias internas dentro de entidades estatales. Las acciones y decisiones adoptadas tras la intervención de las hermanas Guerrero continúan generando debate sobre los procedimientos y criterios para la asignación de responsabilidades en el sector público.